La decisión permite a la administración de Trump avanzar en su plan, pero aún enfrenta otros bloqueos judiciales antes de las elecciones de mitad de mandato
El Tribunal Supremo de EEUU ha dado luz verde al presidente Donald Trump para que siga adelante con su orden ejecutiva que restringe el voto por correo, aunque aún no está claro cuánto podrá poner en marcha su administración antes de las próximas elecciones de mitad de mandato.
La decisión, adoptada por 6 votos a 3, se ha emitido mediante una orden sin firma y no se pronuncia sobre la legalidad de fondo, sino sobre aspectos procesales y de legitimación del decreto de Trump, que cree que el sistema electoral de EEUU es vulnerable.
Antecedentes del decreto de Trump
El decreto ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elaborar listas estatales de ciudadanos elegibles para votar y transmite esas listas a los estados. También instruye al Servicio Postal de EEUU a entregar papeletas de voto por correo únicamente a las personas incluidas en las listas aprobadas de votantes por correo o ausentes que los estados deben proporcionar.
Implicaciones de la decisión del Tribunal Supremo
La decisión del Tribunal Supremo permite a la administración de Trump avanzar en su plan, pero aún enfrenta otros bloqueos judiciales antes de las elecciones de mitad de mandato. En un litigio separado impulsado por grupos de derechos de voto, la misma jueza dictó este mes una orden que impide al Servicio Postal de EEUU aplicar a nivel nacional las nuevas reglas más restrictivas.
El fallo llega menos de tres meses antes de las elecciones de mitad de mandato, en un contexto en el que Trump ha insistido durante años en que el voto por correo es vulnerable al fraude, afirmaciones que carecen de evidencia generalizada según múltiples análisis.
El decreto también instruye al Departamento de Justicia a priorizar investigaciones y posibles procesamientos contra funcionarios electorales que emitan papeletas a personas consideradas no elegibles, una medida que ha generado preocupación entre defensores de la integridad electoral.
Antes de la decisión del Tribunal Supremo, un juez federal de Boston, Indira Talwani, había suspendido en junio la aplicación del decreto en una coalición de 23 estados mayoritariamente demócratas y el Distrito de Columbia, alegando que el presidente carecía de autoridad para imponer cambios en la administración estatal de las elecciones federales y que las listas federales de ciudadanos no serían precisas. El Tribunal Supremo revocó esa suspensión al considerar que los estados carecían en ese momento de legitimación activa, pues el perjuicio alegado era especulativo y el propio decreto, por sí solo, no les causaba daño inmediato, señalando que su resolución «no significa que cualquier medida que adopte el Gobierno para implementar la orden sea necesariamente legal» y que «el tiempo lo dirá».
La orden emitida por el Tribunal Supremo, sin firma, se centra exclusivamente en la legitimación del decreto y en cuestiones procesales, dejando abierta la cuestión de su constitucionalidad y la posibilidad de futuras revisiones judiciales.
El tribunal también aclaró que su decisión no implica que cualquier medida adoptada por el Gobierno para implementar la orden sea necesariamente legal, subrayando que la cuestión de la constitucionalidad del decreto sigue pendiente de análisis en tribunales inferiores y potencialmente en futuras audiencias del alto tribunal.
