La ministra exige al PP autorizar el traslado inmediato de 500 menores a la Península con plazas ya costeadas por el Estado
Durante una entrevista en Radio 5, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reconoció que el Gobierno central tiene «una parte de responsabilidad» en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, tras admitir que existió un «desborde extraordinario» ante el cual la coordinación estatal debió operar con mayor rapidez y eficiencia. La titular del departamento defendió la necesidad de aplicar la autocrítica ante situaciones que admitió que no resultan del agrado del Ejecutivo, si bien sostuvo que es plenamente compatible garantizar la atención a los residentes ceutíes y dar cobertura a las personas vulnerables recién llegadas.
El foco de la presión gubernamental se dirigió de inmediato hacia el Partido Popular, al que Rego exigió rubricar sin demora el traslado de 500 menores desde la ciudad autónoma hacia territorio peninsular. Según expuso la ministra, las plazas necesarias para esa reubicación ya se encuentran totalmente habilitadas y cuentan con la financiación del Estado, por lo que la materialización del operativo depende exclusivamente del visto bueno de la administración ceutí, encabezada por los populares. En esta línea, reclamó también que el resto de comunidades autónomas dirigidas por la formación conservadora demuestren solidaridad institucional y participen de manera activa en el reparto.
Frente a las propuestas de la oposición, la responsable de Infancia tachó de «ilegal e inhumano» el planteamiento de dirigentes del PP partidarios de devolver a todos los menores migrantes no acompañados, calificando esa iniciativa como un «mecanismo de deportación masiva de niños». Rego recordó que la legislación española exige una evaluación individualizada para cada caso fundamentada en el interés superior del menor, un principio que impide tramitaciones colectivas. Además, acusó a Vox de lanzar «discursos de odio» desde las instituciones democráticas mediante llamamientos a perseguir seres humanos que rebasan los límites de la opinión legítima.
En el plano internacional, la ministra situó el debate en las obligaciones comunitarias de España como frontera sur y censuró las políticas europeas basadas en la militarización y la externalización de los pasos fronterizos. En contraposición a estos métodos, defendió la instauración de vías legales y seguras dotadas de un esquema de reparto vinculante y solidario respaldado con fondos comunes, al tiempo que denunció un «sesgo racista» por la falta de un despliegue asistencial similar al activado durante la crisis de refugiados procedentes de Ucrania.
