El Ejecutivo acumula 36 meses sin aprobar cuentas, usa el decreto ley para evitar debates y choca con el Legislativo y el Judicial en una legislatura marcada por la amnistía y la polarización
El Gobierno de Pedro Sánchez encara el último tramo de la legislatura sin haber aprobado unos presupuestos generales del Estado en tres años, una situación inédita que ha llevado al Ejecutivo a recurrir sistemáticamente al decreto ley para eludir el debate parlamentario. La estrategia, denunciada por la oposición y organismos internacionales, ha intensificado el enfrentamiento entre el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, agravando la crisis institucional en España.
Desde las elecciones de julio de 2023, Sánchez ha gobernado sin mayoría absoluta en el Congreso, dependiendo de socios minoritarios como Junts y ERC. La amnistía a los líderes del *procés* independentista, pactada a cambio de su apoyo parlamentario, fracturó a la sociedad y a las instituciones, según analistas citados por El Mundo. La medida, que Sánchez había rechazado días antes de las elecciones, marcó el inicio de una legislatura caracterizada por la confrontación. El presidente del Gobierno llegó a afirmar en septiembre de 2024 que gobernaría «con o sin el concurso del Poder Legislativo», una declaración que expertos como Jordi Rodríguez Virgiliaa, profesor de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, consideran incompatible con un sistema parlamentario.
El Congreso, presidido por Francina Armengol desde 2023, ha sido escenario de tensiones recurrentes. Armengol, cercana a las tesis plurinacionales del independentismo, ha sido acusada de retorcer el Reglamento para favorecer al Gobierno: desde vetar enmiendas hasta paralizar proposiciones de ley del Senado o aplazar comparecencias incómodas. La Cámara Baja no ha celebrado un solo debate sobre el estado de la nación en esta legislatura, y las decisiones clave se han adoptado mediante decretos, una figura que limita el derecho a la enmienda de los grupos parlamentarios. El Banco de España, el Banco Mundial y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa han alertado en los últimos años sobre el deterioro de la calidad institucional en España, vinculándolo a la pérdida de confianza democrática.
El Ejecutivo también ha colocado a figuras afines en instituciones clave. Entre ellas destacan José Félix Tezanos al frente del CIS, Beatriz Corredor en Red Eléctrica, Pedro Saura en Correos, Mariano Moreno en Enusa, José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, Belén Gualda en la SEPI, Maurici Lucena en Aena y Mercedes González, imputada, como directora general de la Guardia Civil. Rodríguez Virgili señala que esta práctica, aunque no nueva, ha alcanzado niveles sin precedentes: «Se pone a personas sin la necesaria capacitación, subordinando organismos públicos a los intereses del Gobierno». El CIS y RTVE son citados como ejemplos de pérdida de neutralidad, mientras que el Tribunal Constitucional, con Cándido Conde-Pumpido al frente, ha sido acusado de actuar como instancia de casación frente al Tribunal Supremo, avalando decisiones como la amnistía.
La judicialización de la política ha sido otro frente de conflicto. El nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado en 2022, condenado por revelación de secretos, y su sustitución por Teresa Pera mato en 2024, reflejan la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La Fiscalía y el Tribunal Constitucional se han convertido en actores clave de la polarización, con sentencias que han reabierto casos como el de los ERE o la amnistía, tradicionalmente resueltos por el Supremo.
