El Ejecutivo carga contra los jueces por la ley de nietos y la amnistía a Puigdemont mientras Marruecos presiona en el Parlamento Europeo
Pedro Sánchez ha calificado de «inteligente» la actuación de Marruecos en la crisis de Ceuta frente a lo que considera una gestión «ineficaz» del Gobierno español. El presidente ha realizado estas declaraciones en un contexto en el que el país vecino ha enviado una carta a los eurodiputados para influir en el debate sobre la situación en la ciudad autónoma, donde Puigdemont sigue sin ver aplicada la amnistía.
El juez Llarena mantuvo este martes la orden de busca y captura contra el expresidente catalán, que sigue en Bélgica, a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional. Mientras, el Gobierno ha vuelto a criticar a los jueces por la tramitación de la ley de nietos, cuestionando la inscripción de personas en municipios que no existían hace 70 años.
La polémica se enmarca en un día en el que el Ejecutivo ha intentado justificar su gestión en Ceuta, donde la presión migratoria sigue siendo un tema clave. Marruecos, por su parte, ha intensificado su estrategia diplomática, enviando una misiva a los eurodiputados para influir en el debate parlamentario europeo sobre la crisis.
El Consejo de Ministros, reunido este martes, ha centrado sus críticas en la independencia judicial, acusando a los jueces de obstaculizar políticas clave como la amnistía y la ley de nietos. La tensión política se agrava en un contexto de creciente confrontación entre el Gobierno y la oposición, especialmente en temas como la gestión migratoria y la memoria histórica.
La comparecencia de Sánchez se produce en la misma jornada en que Marruecos ha remitido una carta a los miembros del Parlamento Europeo con el objetivo de condicionar el debate sobre Ceuta celebrado en Estrasburgo. Esta ofensiva diplomática marroquí coincide con la posición del presidente español, que ha elogiado la actuación del país vecino mientras su propio Ejecutivo afronta cuestionamientos internos por la gestión de la crisis.
En paralelo, la situación de Carles Puigdemont continúa bloqueada tras la decisión del juez Llarena de no aplicarle la amnistía, manteniendo la orden de busca y captura hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. El expresidente catalán permanece en Bélgica, y su caso sigue siendo uno de los frentes judiciales más delicados para el Gobierno, que también tendrá que explicar la inscripción de nietos en municipios que no existían hace 70 años, un asunto que ha reavivado las críticas contra la Administración.
