El ministro exige «pronunciamientos más valientes» y cuestiona reuniones secretas entre jueces y el PP en la ‘ley de nietos’
Óscar Puente, ministro de Transportes, ha acusado este lunes al Poder Judicial de «corporativismo» y falta de imparcialidad, en un ataque directo a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) por su defensa de resoluciones como la que suspende el voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’. En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Puente criticó que la asociación «prescinde de la realidad» y «aboca al Poder Judicial a su propio desprestigio», al tiempo que cuestionó la independencia de magistrados como Antonio Narváez, ponente del auto del Tribunal Supremo, por reunirse en secreto con Alberto Núñez Feijóo en 2023.
El ministro denunció que Narváez habría expresado en ese encuentro su deseo de que el PP gobernara para derogar «leyes progresistas» y mostró dudas sobre el sistema electoral español. «¿Es el ponente más adecuado para garantizar la apariencia de imparcialidad?», preguntó Puente, quien también citó declaraciones de magistrados de la Junta Electoral Central que tacharon el auto de «despropósito jurídico». La AJFV había respondido a sus críticas con un comunicado que rechazó «descalificaciones» y defendió la autonomía judicial.
El Gobierno respaldó las palabras de Puente: Elma Saiz, ministra de Inclusión, destacó su «larga experiencia jurídica» y subrayó que «la justicia debe hacer justicia». Mientras, Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática, recordó que 333.696 personas ya se han inscrito para votar en las elecciones del 23J, cifras que desmienten las acusaciones de «adulteración del censo». Feijóo, por su parte, ya había reclamado en el pasado la nacionalidad para nietos e hijos de exiliados, una postura que ahora el Ejecutivo contrasta con las resoluciones judiciales.
El conflicto refleja la tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial por la ‘ley de nietos’, aprobada en 2022 para facilitar la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados durante el franquismo. La suspensión cautelar del Tribunal Supremo —que anula el derecho al voto de los afectados— ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y las acusaciones de parcialidad política. La AJFV, vinculada a sectores conservadores de la judicatura, ha sido clave en la resistencia a medidas como esta, mientras el Gobierno insiste en que las resoluciones judiciales «no pueden prescindir de la realidad social».
