Un estudio sobre un centenar de casos revela el uso de raciones de hasta 250 kilocalorías diarias y trabajos forzados en la producción de carbón
La organización Prisoners Defenders ha registrado un total de 1.306 prisioneros políticos en Cuba en su último informe mensual, de los cuales 820 permanecen entre rejas y el resto cumple condenas en modalidades de reclusión domiciliaria o trabajos forzados. El director de la asociación de derechos humanos, Javier Lar rondo, ha revelado en una entrevista concedida a El Debate que las condiciones de confinamiento incluyen un esquema sistemático de desnutrición forzosa en las prisiones de la isla, donde la ración alimentaria diaria suministrada por las autoridades penitenciarias oscila entre las 250 y las 350 kilocalorías, frente a las 2.000 que requiere el organismo humano para mantener las funciones vitales. Esta carencia nutricional ha provocado cuadros graves de anemia y el fallecimiento de al menos 11 prisioneros en el interior de los centros de reclusión.
El seguimiento pormenorizado elaborado por la plataforma indica que aproximadamente 450 manifestantes continúan privados de libertad como consecuencia directa de las protestas masivas del 11 de julio de 2021. Un análisis técnico previo realizado sobre una muestra representativa de 181 expedientes documentó que la totalidad de los prisioneros analizados sufrió al menos un patrón de tortura física o psicológica, mientras que el 80% estuvo expuesto a cinco o más tipologías diferentes sobre un catálogo de 15 modalidades identificadas. Entre los damnificados por los abusos más intensos figura Jonathan Torres, encarcelado a los 17 años de edad. Las prácticas documentadas por la ONG abarcan la privación sostenida de agua y sueño, la exposición continuada a iluminación artificial de alta intensidad para desencadenar alteraciones psicológicas, agresiones físicas e intimidaciones directas a los familiares para impedir la difusión de denuncias en redes sociales.
Los datos recabados por la ONG exponen asimismo un sistema represivo suplementario ligado al régimen penitenciario de menor severidad, mediante el cual los reclusos son destinados de forma obligatoria a trabajos forzados. Javier Lar rondo ha señalado que una parte sustancial del carbón vegetal procedente de la isla que entra en los mercados de la Unión Europea como producto ecológico, así como partidas de puros habanos, se elabora mediante el trabajo no remunerado de la población reclusa. La investigación detalla casos individuales de especial vulnerabilidad, entre los que destaca el de Félix Navarro, histórico activista de derechos humanos de avanzada edad que padece un deterioro severo de su estado de salud, y el de su hija Saidi Navarro. Asimismo, la activista y poeta María Cristina Garrido permanece encarcelada tras sufrir violencia física durante su arresto, mientras que la prisionera Lisandra Góngora fue traslada a un centro penitenciario en la Isla de la Juventud, alejándola intencionadamente de sus cinco hijos menores residentes en La Habana como mecanismo de castigo familiar debido a los elevados costes que exige el transporte marítimo para las visitas.
El contraste con la Primavera Negra de 2003 y el marco diplomático europeo
La cúpula directiva de Prisoners Defenders contrapone la intensidad represiva posterior al 11J con los acontecimientos de la llamada Primavera Negra de 2003, cuando el régimen cubano encarceló a 75 disidentes, periodistas independientes y bibliotecarios. Aquella oleada de arrestos de 2003 derivó en una rápida condena internacional y en la activación de medidas diplomáticas multilaterales por parte de las potencias occidentales. En aquel hito histórico, organismos de supervisión internacional como Amnistía Internacional mantenían cierta capacidad de fiscalización operativa sobre el terreno y la Unión Europea aplicaba con rigor la denominada Posición Común de 1996, un instrumento de política exterior promovido en su día por el Gobierno español que condicionaba los avances en las relaciones bilaterales y la cooperación económica con La Habana a la consecución de avances tangibles en materia de democracia representativa y libertades fundamentales.
A diferencia del escenario diplomático de principios de siglo, la represión desplegada desde el verano de 2021 ha registrado un volumen de detenciones significativamente superior sin que se haya articulado un mecanismo de presión internacional equivalente. La derogación de la Posición Común en diciembre de 2016 y su sustitución por el Acuerdo de Cómputo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba redefinió el marco de relaciones institucionales. Este tratado bilateral institucionalizó un diálogo formal sobre derechos humanos, pero redujo la capacidad de aplicar sanciones coercitivas automáticas ante arrestos masivos de opositores, una circunstancia que, según las organizaciones de derechos humanos, ha restado efectividad a los avisos de la diplomacia comunitaria para frenar los abusos en los centros penitenciarios.
Mecanismos de supervisión de la ONU y resoluciones del Parlamento Europeo
La situación de los internados en las prisiones cubanas ha sido objeto de pronunciamientos reiterados por parte del Comité contra la Tortura y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas. Estos órganos internacionales han emitido dictámenes solicitando de forma sistemática la liberación inmediata de decenas de prisioneros políticos, al constatar violaciones sistemáticas de las garantías del debido proceso, arrestos sin orden judicial y el uso abusivo de figuras delictivas ambiguas en el Código Penal cubano, tales como el desacato, el desorden público y el delito de sedición. Las resoluciones aprobadas por estos organismos multilaterales ponen de relieve que la reclusión prolongada en celdas de aislamiento se aplica de forma automatizada cuando los prisioneros inician huelgas de hambre para protestar por sus condiciones de encierro, como ha ocurrido en la protesta protagonizada por el activista Guillermo del Sol.
Por su parte, el Parlamento Europeo ha aprobado diversas resoluciones de urgencia en las que exige la activación de la cláusula de derechos humanos contemplada en el acuerdo marco bilateral para suspender la financiación comunitaria a proyectos estatales si se mantiene la persecución política. La diplomacia comunitaria y los equipos de relaciones internacionales de las empresas europeas con inversiones en la isla siguen de cerca el impacto reputacional y regulatorio que implica la presencia de bienes elaborados mediante trabajo forzado en la cadena de suministro internacional. El monitoreo continuado que realizan entidades independientes como Prisoners Defenders constituye la base documental utilizada por los cancilleres europeos, los grupos parlamentarios en la Eurocámara y los analistas de riesgo político para evaluar la evolución institucional en el Caribe y fijar la postura diplomática ante los organismos multilaterales.
Fuente: El Debate (Internacional)
