Dos soldados ingresados tras ataques de migrantes; el partido pide protección legal urgente y cuestiona la pasividad del Ejecutivo
El Partido Popular (PP) ha exigido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que reconozca a los militares desplegados en Ceuta como agentes de la autoridad, tras las agresiones sufridas por dos soldados en la ciudad autónoma. Los afectados, ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, son los últimos en una serie de incidentes contra fuerzas de seguridad desde finales de julio, cuando miles de migrantes llegaron irregularmente a Ceuta.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, cuestionó directamente la respuesta del Gobierno: «¿A qué espera para darles esa condición y órdenes claras? ¿Tiene que morir alguien para que actúe?», escribió en la red social X. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, reforzó el mensaje con un llamado a la acción inmediata: «¿Qué más tiene que pasar? Necesitan protección, recursos y herramientas para defenderse». El vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, atribuyó los ataques a «migrantes irregulares» y advirtió: «¿Tiene que morir alguien en Ceuta para que se tome en serio el problema de la invasión?».
El PP ya aprobó el martes en el Senado —donde tiene mayoría absoluta— una moción para declarar situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, activar retornos de migrantes y otorgar con efectos inmediatos la condición de agentes de la autoridad a las Fuerzas Armadas desplegadas allí. La medida responde a las reiteradas peticiones de asociaciones militares, que denuncian desprotección y piden ampliar sus facultades para usar la fuerza «proporcionada».
El Gobierno de Sánchez aún no ha respondido públicamente a estas demandas. La decisión de reconocer a los militares como agentes de la autoridad —que les permitiría actuar con mayor firmeza— depende de un cambio normativo o una orden ministerial, un proceso que hasta ahora ha sido bloqueado por el Ejecutivo. Mientras, las agresiones contra fuerzas de seguridad en Ceuta se han multiplicado desde julio, cuando la ciudad registró un récord histórico de llegadas irregulares (más de 20.000 personas en un solo día, según datos de la Delegación del Gobierno).
La tensión política escaló este jueves con declaraciones como las de Bendodo, quien vinculó directamente la pasividad del Gobierno con el riesgo de «desgracia mayor». El PP apuesta por una solución legislativa rápida, mientras el Ejecutivo mantiene su postura de priorizar soluciones diplomáticas con Marruecos y la Unión Europea para gestionar el flujo migratorio. La presión parlamentaria del PP podría forzar al Gobierno a tomar una decisión en las próximas semanas.
