La iniciativa parlamentaria busca evitar que docentes condenados por delitos sexuales contra menores puedan reincorporarse a la enseñanza tras cumplir pena
El Partido Popular de Galicia ha registrado una iniciativa en el Parlamento autonómico para prohibir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores puedan regresar a la docencia. La propuesta, anunciada por la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, surge tras la condena en julio del exdiputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Xabier Ron a nueve años y medio de prisión por violar a una alumna de 12 años cuando ejercía como profesor.
Ron, vinculado a la coalición que lidera la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, abusó de la menor contagiándole sífilis primaria y dejando secuelas psicológicas que aún requieren tratamiento. Aunque fue inhabilitado por 15 años, el marco legal actual no impide su reincorporación a la enseñanza una vez cumplida la pena. La iniciativa del PP busca cerrar este vacío, extendiendo la prohibición a la enseñanza pública, concertada y privada.
Prado justificó la medida con un argumento contundente: «Cuando hablamos de nuestros niños y niñas no puede haber interpretaciones, excepciones ni vacíos legales». La propuesta también menciona el caso de Rosendo Fernández González, condenado en 1994 por abusar de una niña de cuatro años en un centro preescolar de O Grove. Tras cumplir siete años de prisión, Fernández intentó militar en partidos como PSOE, Podemos y finalmente el BNG, sin que su historial delictivo fuera conocido públicamente.
El Parlamento gallego deberá ahora debatir la iniciativa, que afectaría tanto a nuevos contratados como a docentes en activo con condenas previas. Actualmente, la legislación estatal solo inhabilita temporalmente para el ejercicio de profesiones con menores, pero no establece una prohibición permanente. La propuesta del PP gallego iría más allá, alineándose con demandas de colectivos de víctimas y asociaciones de protección a la infancia.
La medida llega en un contexto de creciente presión social tras varios casos mediáticos de abusos en entornos educativos. En Galicia, el debate se intensifica por la conexión política de Ron con AGE, formación integrada en Sumar, lo que añade un componente de confrontación entre partidos. El PSOE gallego, principal fuerza de la oposición, aún no ha reaccionado oficialmente, aunque fuentes internas reconocen que el tema «requiere un análisis jurídico riguroso» antes de posicionarse.
Fuente: El Debate
