La detenida vendió dos juegos de pendientes de oro por 580 euros y sustrajo 200 euros en efectivo durante tres meses
La Policía Nacional ha arrestado en Leganés (Madrid) a una mujer de 42 años por presuntamente robar joyas y dinero a una persona mayor tras administrarle benzodiacepinas disueltas en bebidas. La detenida, contratada en abril para tareas domésticas y cuidados personales, habría provocado un deterioro cognitivo y somnolencia persistente en la víctima, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los familiares denunciaron en julio que la anciana mostraba un empeoramiento progresivo desde el inicio del contrato, con episodios de decaimiento tras ingerir líquidos ofrecidos por la cuidadora. Las pruebas hospitalarias confirmaron la presencia de somníferos en su organismo. Durante la investigación, se acreditó que la sospechosa vendió dos juegos de pendientes de oro en un establecimiento de compraventa los días 21 de abril y 18 de junio, obteniendo 400 y 180 euros, respectivamente, además de sustraer 200 euros en efectivo en distintas ocasiones.
El caso se enmarca en un patrón de abusos contra personas vulnerables en contextos de cuidados informales. La Fiscalía de Madrid registró en 2025 un aumento del 18% en denuncias por maltrato a mayores en domicilios, vinculado en un 32% de los casos a cuidadores externos. La legislación española tipifica estos hechos como delito de hurto con agravante de abuso de confianza (artículo 235.1 del Código Penal), penado con hasta cuatro años de prisión.
La detenida intentó acceder al domicilio fuera de su horario laboral e incluso después de ser apartada del servicio. Fue puesta a disposición judicial el 9 de julio como presunta autora de un delito de hurto. La víctima, un matrimonio que recibía los cuidados, alertó a las autoridades tras constatar la desaparición de objetos de valor en al menos cinco ocasiones distintas.
La investigación policial destaca la importancia de supervisar los contratos de cuidados no regulados, donde la falta de controles previos facilita este tipo de delitos. Organizaciones como la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) han reclamado un registro obligatorio de cuidadores y la obligatoriedad de informes psicológicos para prevenir abusos.
