La Asociación de Fiscales exigió someter la propuesta al Pleno y recordó que una condena penal es más grave que una sanción disciplinaria
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha retirado su propuesta de conceder al exfiscal general Álvaro García Ortiz la cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, según han confirmado fuentes de la Fiscalía. La iniciativa se había planteado en la reunión del Consejo Fiscal del pasado 6 de julio, siete meses después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo condenara a García Ortiz a inhabilitación por revelar datos tributarios confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En los minutos finales de aquel encuentro se recordó a Peramato que seguía pendiente dirigir al Ministerio de Justicia la propuesta de condecorar a los vocales electos del Consejo anterior, renovado tras las elecciones del 20 de mayo. La fiscal general expresó entonces su intención de hacer extensiva la distinción al propio García Ortiz, que presidió ese órgano, y a las otras dos integrantes natas: la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde y la ex fiscal inspectora María Antonia Sanz. Hasta ahora la práctica institucional limitaba la petición a los nueve vocales elegidos por la carrera, nunca a los tres miembros natos.
Los vocales electos de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el Consejo, respondieron con un escrito en el que sostenían que la propuesta debía someterse a informe del propio Consejo. El texto recordaba que las recompensas honoríficas se conceden «por razón de la excelencia de su actuar profesional en el ámbito del Derecho y de la Justicia» y que ningún fiscal puede ser propuesto si en los dos años anteriores fue corregido disciplinariamente. Una condena penal en el ejercicio del cargo pesa más que una sanción de ese tipo, añadían. Pedían incluir el asunto en una próxima reunión para que lo decidiera el Pleno, algo que finalmente no ha ocurrido.
El episodio se suma al malestar que recorre la Sala Penal del Tribunal Supremo, no tanto por la defensa de su antecesor como por la forma de ejercerla. Ha levantado ampollas el escrito que la Secretaría Técnica de Peramato remitió a la Comisión Europea para el capítulo español del Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, conocido en agosto gracias a Infolibre, en el que la Fiscalía General aludía a «irregularidades» en la condena y a una supuesta «falta de independencia del Tribunal Supremo». El informe europeo, sin embargo, se limita a describir de forma neutra el relevo al frente del Ministerio Público y el recurso de la sentencia ante el Tribunal Constitucional.
Peramato interviene este jueves en el acto solemne de apertura del año judicial que preside el Rey, donde debe dar cuenta de la memoria anual, la evolución de la criminalidad y las reformas que considere oportunas. La cita llega en un clima de tensión entre el Gobierno y los jueces que ya tuvo un capítulo visible en diciembre de 2024, cuando la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, replicó a Pedro Sánchez que la labor judicial puede criticarse, pero no cuestionarse «de forma generalizada y permanente» atribuyendo sesgos políticos a los jueces.
