Antxon Alonso Egurrola cobró 151.239 euros como ‘project manager’ antes de la luz verde oficial en Elgóibar (Guipúzcoa)
El Gobierno vasco aprobó en 2023 el Plan Parcial de Kafkiano (PPK) en Elgoibar (Guipúzcoa) tras una tramitación irregular: la promotora Lurburu SL pagó 151.239 euros a Antón Alonso Egurrola como ‘project manager’ antes de recibir la autorización oficial, además de duplicar su contratación a través de Santos Cerdán, socio de la inmobiliaria.
Según los datos publicados por ABC, la promotora encargó por duplicado a Cerdán —dueño de Servinabar y Noran Coop— la redacción y tramitación del plan, que luego subcontrató por 37.775 euros. El proyecto, paralizado más de una década, recibió finalmente el visto bueno del Departamento de Desarrollo Económico del Ejecutivo vasco, entonces dirigido por Arantxa Tapia, actual presidenta de la Fundación Sabino Arana del PNV.
La irregularidad afecta directamente a la legalidad urbanística en Guipúzcoa, donde el Plan General de Ordenación Urbana (PLOU) de Elgoibar —un municipio de 11.000 habitantes— depende de la aprobación del Gobierno autonómico. El caso podría escalar al Tribunal Supremo si se demuestra que los pagos duplicados vulneraron los plazos y procedimientos establecidos en la Ley de Urbanismo de Euskadi (Ley 2/2006), que exige transparencia en las contrataciones públicas vinculadas a planes urbanísticos.
El PNV, partido que gobierna en Euskadi desde 2020, se enfrenta a un escenario delicado: la Fundación Sabino Arana, que preside Tapia, depende económicamente del partido, mientras que el Gobierno autonómico —ahora liderado por Iñigo Urkullu— debe garantizar la legalidad de sus decisiones. La oposición, especialmente EH Bildu y PSE-EE, podría exigir una investigación independiente, dado que el caso se enmarca en un contexto de tensiones por la gestión de suelo en zonas rurales vascas, donde proyectos como este suelen generar conflictos con vecinos y asociaciones ecologistas.
El caso también revuelve el entorno de Santos Cerdán, figura clave en el sector inmobiliario guipuzcoano y vinculado históricamente a redes de influencia local. Su implicación en pagos duplicados —uno directo a su persona y otro a través de sus empresas— podría reavivar preguntas sobre la opacidad en la adjudicación de licitaciones públicas, un tema recurrente en Euskadi desde el caso Gunvor (2018), que salpicó al PNV por presunta corrupción en contratos energéticos.
