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La primera ministra anuncia en el Consejo de Ministros un proyecto de ley que exige a padres de alumnos con problemas de integración aprender italiano y rebaja la financiación a universidades que no cumplan objetivos de excelencia

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha anunciado este domingo que su Gobierno presentará en el próximo Consejo de Ministros un proyecto de ley que introduce tres medidas clave en el sistema educativo: un límite máximo de alumnos extranjeros por aula, la obligación para los padres de estudiantes con graves problemas de integración de aprender italiano, y la prohibición del uso del burka y el hiyab en los centros escolares. Las normas, presentadas durante una reunión con jóvenes de su partido, Hermanos de Italia, buscan, según Meloni, garantizar «la igualdad entre hombres y mujeres» y evitar que «los niños italianos se sientan desplazados» en sus aulas.

El proyecto, que aún no ha sido detallado públicamente, incluye además un cambio simbólico: los centros de formación profesional pasarán a llamarse institutos para equipararlos en prestigio con la educación secundaria tradicional. Meloni criticó en su intervención los «aprobados generales» en las escuelas, argumentando que «socavan el mérito y ocultan las carencias», y defendió que «el primer deber de la escuela es evaluar al niño» para fomentar el respeto a las normas.

La medida más controvertida, la prohibición de velos integrales en las aulas, se enmarca en una línea de políticas de Hermanos de Italia que ya había impulsado en 2023 con la prohibición del uso de símbolos religiosos en espacios públicos. Según declaró Meloni, «nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse». La primera ministra vinculó esta medida con su defensa de la «igualdad de género», un eje central de su gobierno desde 2022.

El proyecto también afecta directamente a la financiación universitaria. El Gobierno ha elevado la inversión ordinaria en universidades a su nivel histórico más alto, con un fondo de 9.400 millones de euros (un 25% más que en 2019), pero condiciona estos recursos a que las instituciones cumplan «objetivos de excelencia». Meloni no detalló qué criterios se aplicarán, pero fuentes cercanas al Ejecutivo han confirmado que se priorizarán universidades que demuestren «resultados académicos sólidos» y «alta empleabilidad» de sus graduados.

El contexto legal y político: cómo encaja esta reforma en la agenda de Meloni

Esta reforma educativa se inscribe en la estrategia de Hermanos de Italia para consolidar su base electoral entre votantes conservadores y de centro-derecha, un sector que ha mostrado creciente preocupación por la inmigración y la integración escolar. Según datos del Ministerio de Educación italiano, el 10,3% de los estudiantes en primaria y secundaria en 2025 eran extranjeros, con un aumento del 12% respecto a 2022. Las regiones del norte, como Lombardía y Emilia-Romaña, han sido las más críticas con la falta de recursos para integrar a estos alumnos, un problema que el proyecto de ley busca abordar con medidas directas.

La prohibición del burka y el hiyab en escuelas públicas responde a una demanda histórica de partidos como Hermanos de Italia y la Liga, aunque su aplicación práctica podría chocar con el principio de laicidad del Estado italiano. En 2021, el Tribunal Constitucional italiano ya rechazó una ley similar por considerar que vulneraba la libertad religiosa, pero el actual Gobierno ha insistido en que esta vez las medidas se enmarcarán en «la protección de la igualdad de género y la seguridad en los centros educativos».

En el ámbito universitario, la condicionantes de la financiación a la excelencia académica refleja una tendencia ya observada en otros países europeos, como Francia o Alemania, donde los gobiernos han vinculado los fondos públicos a resultados medibles. Sin embargo, en Italia este enfoque ha generado polémica entre sindicatos docentes, que alertan de que podría llevar a una «selección de élites» en lugar de promover la equidad.

Reacciones y siguientes pasos: ¿qué cambiará en las aulas italianas?

Aunque el proyecto aún no ha sido presentado formalmente, fuentes del Gobierno han confirmado que se espera su aprobación en el Consejo de Ministros de la próxima semana, seguido de un periodo de consulta con las comunidades autónomas y los sindicatos. La implementación de las medidas más controvertidas, como el límite de alumnos extranjeros por aula, dependerá de la capacidad de las regiones para adaptar sus infraestructuras, un proceso que podría extenderse hasta 2027.

Los partidos de la oposición, como el Partido Democrático (PD) y Movimiento 5 Estrellas (M5S), ya han anunciado su rechazo. El PD ha calificado las medidas de «discriminatorias» y ha recordado que la Constitución italiana garantiza la libertad religiosa. Por su parte, M5S ha criticado la «obsesión» del Gobierno por «controlar» la inmigración, argumentando que las soluciones deben pasar por «más recursos para la integración», no por «restricciones legales».

En el terreno práctico, la prohibición de velos integrales en escuelas podría generar tensiones con familias musulmanas, especialmente en ciudades como Milán o Turín, donde hay una presencia significativa de comunidades magrebíes y subsaharianas. Según datos de la Asociación Italiana de Municipios (ANCI), alrededor de 1.200 alumnas en edad escolar usan el hiyab en Italia, una cifra que podría aumentar si se mantiene el actual ritmo de llegada de migrantes.

La medida sobre la financiación universitaria, en cambio, tiene un impacto más inmediato. Las universidades que no cumplan los objetivos de excelencia podrían ver recortados sus presupuestos a partir de 2027, lo que afectaría directamente a instituciones como la Universidad de Nápoles Federico II o la Universidad de Roma La Sapienza, históricamente dependientes de fondos públicos. Expertos en educación han advertido de que este enfoque podría profundizar las desigualdades entre el norte y el sur de Italia, donde las universidades del centro y el sur ya sufren una menor inversión per cápita.

Meloni ha defendido que estas reformas son «urgentes» para evitar un «colapso» del sistema educativo, pero su aplicación efectiva dependerá de cómo se articulen en la práctica. Lo que sí está claro es que, con estas medidas, Italia refuerza su postura en el debate europeo sobre inmigración, integración y laicidad, un tema que ganará relevancia en los próximos meses con las elecciones al Parlamento Europeo de 2027.

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