La Asociación de Corresponsales califica de ataque a la prensa la exclusión de CNN, MS NOW y Politico ordenada tras las críticas del mandatario.
Los periodistas de CNN, MS NOW y Politico sufrieron este sábado el bloqueo de acceso a las instalaciones gubernamentales en Washington por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La administración ejecutó la restricción al impedir la entrada física de los profesionales cuando intentaban cubrir la actividad oficial.
El mandatario justificó la medida el viernes a través de su red social Truth Social. Sostuvo que las empresas de comunicación no deberían escribir o difundir continuamente invenciones durante su mandato y amenazó con ampliar la prohibición a más organizaciones informativas.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) calificó el veto como una «prohibición a la prensa libre». La organización profesional señaló que el texto fundamental estadounidense salvaguarda el trabajo periodístico ante cualquier injerencia del poder político.
Las tres empresas afectadas comunicaron su postura tras conocerse el bloqueo de las credenciales. La dirección de MS NOW anunció acciones para proteger las facultades reconocidas en la Primera Enmienda y el papel del periodismo independiente en el sistema democrático. La cadena CNN subrayó su derecho constitucional a trabajar sin obstáculos gubernamentales, mientras que el editor jefe de Politico prometió defender esas mismas garantías legales.
El debate jurídico sobre la Primera Enmienda
La doctrina constitucional norteamericana establece salvaguardas directas contra la intervención estatal en la difusión de información. Jámele Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, remarcó que las normas fundamentales impiden al presidente penalizar a los informadores por el enfoque de sus noticias.
Jaffer puntualizó que la sala de prensa opera legalmente como un foro público. Según esta interpretación, la expulsión de reporteros motivada por sus líneas editoriales vulnera el ordenamiento vigente, dado que los tribunales federales han dictado resoluciones contrarias a la censura discrecional del Ejecutivo en controversias previas.
Litigios previos sobre credenciales en Washington
El conflicto actual cuenta con antecedentes judiciales directos en la presidencia estadounidense. Durante los primeros compases de su actual mandato, el Ejecutivo limitó las acreditaciones a la agencia Associated Press (AP). El motivo radicó en la negativa de la agencia a sustituir la denominación tradicional del golfo de México por la fórmula golfo de América.
Aquel litigio concluyó en primera instancia con un fallo favorable a Associated Press, al considerar la judicatura que la Casa Blanca no puede articular represalias por el criterio lingüístico de un medio. La Administración presentó un recurso contra el dictamen y el proceso sigue pendiente de resolución definitiva en los tribunales de apelación.
Durante su primer mandato presidencial, la retirada de la credencial al periodista de CNN Jim Acosta provocó otro choque legal relevante. Los jueces ordenaron restituir el pase del reportero, aunque la resolución se fundamentó en cuestiones procedimentales y evitó pronunciarse sobre el alcance sustantivo de la libertad de prensa.
El marco regulatorio de referencia procede de la sentencia Sherrill v. Knight, emitida en 1977 por un tribunal del distrito de Washington D.C. El dictamen consagró que la denegación de pases oficiales exige pautas objetivas y una tramitación garantista que evite decisiones unilaterales.
