El alcalde de Cáceres acusa al Ejecutivo de usar la memoria histórica como ‘cortina de humo’ y recuerda que el Ayuntamiento ya retiró en 1984 la placa franquista que acompañaba al monumento
El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha rechazado este martes en el Foro ABC la orden del Gobierno de retirar la Cruz de los Caídos del cementerio de la ciudad, un símbolo que el Ejecutivo incluye en su lista de elementos contrarios a la memoria democrática por su vinculación con el franquismo.
Mateos defendió que la medida es una «cortina de humo» y recordó que el Ayuntamiento ya actuó en 1984 al eliminar la placa conmemorativa que acompañaba al monumento, donde se hacía referencia a los «hijos muertos por la Patria». Según el regidor, esta acción demuestra que Cáceres no busca «revivir el pasado», sino «superarlo» con hechos concretos.
La decisión del Gobierno, anunciada en julio de 2026 como parte de su plan de memoria histórica, afecta a 17 símbolos en toda España, entre ellos cruces, estatuas y placas vinculadas a la dictadura. Sin embargo, su aplicación ha generado tensiones en municipios como Cáceres, donde el PP y Vox —que gobiernan en coalición— se han opuesto frontalmente a la medida, argumentando que atenta contra la libertad local para gestionar su patrimonio.
El conflicto refleja una división creciente entre el Gobierno y las administraciones conservadoras sobre cómo abordar el legado franquista. Mientras el Ejecutivo insiste en que la retirada es un paso necesario para «reconciliar» con la democracia, ayuntamientos como Cáceres —donde el PP y Vox suman el 50% de los votos— ven en la medida una intromisión política. La Junta de Extremadura, gobernada por el PSOE, ha mantenido un silencio prudente, aunque fuentes cercanas al partido han señalado que respaldan la postura del Gobierno «en principio», sin descartar negociaciones con los municipios afectados.
La Cruz de los Caídos de Cáceres, erigida en 1958, es uno de los monumentos más antiguos de su tipo en Extremadura. Su retirada, si finalmente se ejecuta, requeriría la aprobación del Pleno municipal, donde el PP y Vox podrían bloquear la decisión con sus votos. Mateos advirtió que, de producirse, el Ayuntamiento recurriría los «arbitrarios» criterios del Gobierno ante los tribunales, alegando que la medida vulnera la autonomía local.
