La Ley de Memoria Democrática ha generado un debate sobre riesgos jurídicos y efectos en el censo electoral, con más de 2,5 millones de solicitudes recibidas
La norma, inicialmente concebida como medida de reparación histórica, abrió en la práctica un intenso debate sobre los riesgos jurídicos, administrativos, de control documental y de posibles efectos sobre el censo electoral de residentes ausentes (CERA).
El punto central de la controversia no era tanto el texto legal aprobado por las Cortes como la posterior Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmada por Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, en la que se introdujo una presunción para que quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, también por motivos laborales, pudieran beneficiarse de la misma consideración.
Esta extensión ha sido criticada por algunos, quienes sostienen que supera el ámbito subjetivo de la ley y podría tener consecuencias en el censo electoral.
Además, la Instrucción de 25 de octubre de 2022 ha generado preocupación entre los funcionarios consulares, quienes han tenido que enfrentar un aluvión de documentación y han alertado sobre retrasos extremos en algunos de los expedientes cuyos solicitantes, por edad, podrían no verlos resueltos en vida.
