Cinco menores entre los procesados y 20 más a la espera de juicio por desobediencia y agresiones a funcionarios en Tetuán
El Tribunal de Primera Instancia de Tetuán, en el norte de Marruecos, ha condenado a once personas a penas de cárcel de hasta seis meses y multas de hasta 1.000 euros por su participación en los incidentes registrados durante el cruce masivo de migrantes hacia Ceuta la pasada semana. Nueve de los condenados recibieron penas de cinco y seis meses por facilitar la salida clandestina de personas, transportar pasajeros sin autorización o superar la capacidad permitida en vehículos públicos.
Otras dos personas fueron sancionadas por instigar delitos mediante medios electrónicos. Además, veinte individuos permanecen procesados por delitos como desobediencia, agresión a funcionarios, vandalismo y daños a propiedades públicas. Entre los procesados figuran cinco menores, trasladados a un centro de protección de la infancia en las afueras de Rabat, según denunció Achraf Maimoun, presidente de la sección de Tetuán de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMD).
La crisis migratoria estalló el 5 de agosto, cuando más de 70.000 personas intentaron cruzar de forma irregular desde Fnideq (Castillejos, Marruecos) hacia Ceuta. Los incidentes violentos durante el cruce dejaron al menos 141 muertos, según la ONG Caminando Fronteras, con 75 cadáveres recuperados en el lado español y 11 en territorio marroquí. La huelga de abogados en Marruecos, en curso desde hace semanas, ha dificultado el seguimiento de los procesos judiciales relacionados con estos hechos.
Las condenas se enmarcan en un contexto de tensión fronteriza recurrente entre España y Marruecos, donde Ceuta y Melilla actúan como puntos críticos de migración irregular. La legislación marroquí tipifica como delito la facilitación de salidas clandestinas, con penas que pueden alcanzar los cinco años de prisión en casos agravados. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos denuncian que las detenciones y juicios rápidos suelen carecer de garantías procesales, especialmente en situaciones de crisis.
La respuesta judicial marroquí contrasta con la gestión española, donde las autoridades ceutíes han centrado sus esfuerzos en la atención humanitaria y la identificación de víctimas. El Gobierno español no ha emitido declaraciones oficiales sobre las condenas, aunque fuentes diplomáticas señalaron a EFE que el enfoque prioritario sigue siendo la cooperación bilateral para prevenir nuevos episodios de este tipo.
Fuente: La Vanguardia (Política)
