Rabat exige acelerar los retornos y cuestiona la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez
La prensa oficialista marroquí y el Ministerio del Interior de Rabat han acusado a España de retener a menores migrantes en Ceuta por «papeleo» administrativo y judicial, en un nuevo episodio de tensión diplomática. El medio Le 360, considerado próximo a la Casa Real alauí, publicó una viñeta en la que se representa a los menores dentro de un vallado con alambre de espino bajo un cartel que dice «Salle d’attente -18».
El Ministerio del Interior marroquí reclamó este miércoles que España supere los obstáculos administrativos y judiciales que, según Rabat, impiden que los menores regresen con sus familias. El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos denuncia malos tratos y agresiones contra inmigrantes y una atención insuficiente a los menores. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, cuestionó además la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y anunció que su país estudia suspender el acuerdo de extradición con España.
La ofensiva diplomática incluye también reivindicaciones territoriales. Ouahbi reiteró la postura marroquí sobre Ceuta y Melilla, aunque aseguró que la estrategia sería «a largo plazo». Las declaraciones se enmarcan en una campaña coordinada para responsabilizar a España de la crisis de menores y reforzar la posición de Marruecos en la disputa bilateral.
El Gobierno español no ha respondido aún a las acusaciones, pero la tensión se produce en un contexto de cooperación migratoria entre ambos países. El acuerdo de readmisión de menores, firmado en 2022, establece un protocolo para el retorno de menores no acompañados, aunque su aplicación ha sido irregular. Según datos del Ministerio del Interior español, en 2025 se repatriaron a 1.247 menores desde Ceuta y Melilla, un 30% menos que en 2024.
La suspensión del acuerdo de extradición, si se materializa, afectaría a procesos judiciales en curso, como la entrega de personas reclamadas por tribunales marroquíes por delitos de terrorismo o tráfico de personas. Analistas señalan que la medida podría endurecer aún más las relaciones, ya tensas por la cuestión migratoria y las disputas territoriales.
