La Cámara de Cuentas de Madrid fiscaliza 24 municipios: solo 8 aplican sanciones y cinco rechazaron aportar datos
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid revela que el Ayuntamiento de la capital recaudó 105 millones de euros entre 2022 y el primer trimestre de 2025 mediante sanciones en zonas de bajas emisiones (ZBE), tras imponer 1.079.255 multas a vehículos no autorizados.
El informe, que evalúa la implantación de las ZBE en los 24 municipios madrileños de más de 50.000 habitantes, señala que solo 10 tenían regulada su aplicación a marzo de 2025, aunque únicamente ocho las aplicaban en ese momento. Tres Cantos y Torrejón de Ardoz las activaron meses después. Cinco ayuntamientos —Collado Villalba, Colmenar Viejo, Getafe, Parla y Valdemoro— se negaron a facilitar datos, lo que impidió su inclusión en el análisis.
Fuera de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Alcalá de Henares destacaron por su recaudación: 1,1 millones y 235.500 euros, respectivamente, en poco más de un año. En Fuenlabrada se registraron 680 sanciones sin ingresos, mientras que Boadilla del Monte no impuso ninguna. Alcobendas, Las Rozas y Majadahonda admitieron no aplicar las multas previstas.
La consejera Verónica López, propuesta por Más Madrid, presentó un voto particular en contra del informe, criticando la exclusión de los cinco municipios que no colaboraron. López argumentó que la Cámara debería haber ejercido su potestad sancionadora, amparada en la Ley 11/1999, para garantizar el acceso a la información. «Si los cinco municipios […] han incurrido en incumplimiento del deber de colaboración, la misma Ley establece las medidas que la Cámara debe adoptar», expuso.
La normativa estatal obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar ZBE antes de 2023, aunque la Comunidad de Madrid extendió el plazo. Cuatro ayuntamientos —Alcorcón, Móstoles, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes— tienen proyectos en elaboración, mientras que Aranjuez, Coslada, Leganés y Pinto los sometieron a información pública. Arganda del Rey ni siquiera había iniciado los trámites.
Según la Ley 11/1999, la Cámara de Cuentas tiene la potestad de ejercer sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de los municipios. La exclusión de los cinco municipios que no colaboraron es un tema de debate, ya que algunos argumentan que la Cámara debería haber ejercido su potestad sancionadora para garantizar el acceso a la información.
La implantación de las ZBE en los municipios de más de 50.000 habitantes es un proceso complejo que requiere la colaboración de todos los actores involucrados. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha realizado un esfuerzo importante para evaluar la implantación de las ZBE en los 24 municipios madrileños, y su informe proporciona una visión clara de la situación actual.
Fuente: El Confidencial
