La vicealcaldesa de Más Madrid reclama más plazas en acogida y mediadores sociales mientras el PP denuncia el ‘efecto llamada’ por inmigración ilegal
Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, ha acusado este miércoles al Gobierno central de no controlar las fronteras y ha denunciado que la inmigración ilegal Sanz afirmó que la inmigración ilegal desborda. a las comunidades autónomas, mientras el Ayuntamiento madrileño desmanteló 912 asentamientos ilegales en lo que va de año. Según datos aportados por Sanz en la Comisión de Vice alcaldía, el Consistorio ha intervenido en 657 protocolos de sinhogarismo con la colaboración de la Policía, el Samur Social, servicios urbanísticos y de limpieza, aunque advierte de que el problema persiste en barrios como San Blas-Canillejas, donde colegios reabrieron entre jeringuillas y restos de drogas.
El concejal no adscrito Javier Ortega Smith cuestionó en la misma comisión la impunidad que, según su crítica, sufren algunos ocupantes de espacios públicos, mientras el resto de ciudadanos Sanz señaló que la mayoría de los ciudadanos cumplen la ley. Sanz respondió que el fenómeno es «complejo» y achacó parte de la responsabilidad a la Sanz atribuyó la negligencia al Gobierno. que Sanz dijo que debemos gestionar las regiones. La vicealcaldesa también detalló que el Ayuntamiento busca alcanzar 1.400 plazas en su red de acogida municipal antes de fin de año, aunque reconoció que solo hay cinco mediadores comunitarios para toda la ciudad en materia de adicciones.
El Ayuntamiento de Madrid no retira enseres de personas sin hogar salvo que supongan «peligro» —por riesgo de incendio o insalubridad—, una política que Sanz defendió en junio. Sin embargo, la concejal de Más Madrid, Olga Martínez, alertó sobre el «malestar» de las familias al reabrir colegios en entornos como el Parque Paraíso, donde persisten problemas de drogadicción.
El contexto: ¿por qué Madrid acumula 912 desalojos en 2026?
Los datos de Sanz reflejan un esfuerzo municipal por contener el sinhogarismo,, pero también revelan limitaciones estructurales. Según su exposición, el Ayuntamiento intervino en 657 protocolos específicos en lo que va de año, una cifra que contrasta con la persistencia de asentamientos en zonas céntricas. La vicealcaldesa vinculó el problema a dos factores: la inmigración ilegal —que, según su análisis, genera un «efecto llamada»— y la falta de coordinación con el Estado, al que acusó de no garantizar el control fronterizo.
El Consistorio madrileño ya había anunciado en junio su política de no retirar enseres personales, salvo en casos de riesgo, una medida que busca evitar conflictos con la población sin hogar pero que ha generado controversia. Mientras, el PP en Madrid ha criticado en repetidas ocasiones la gestión de Sanz, acusándola de no ser «firme» contra los asentamientos. En esta ocasión, Ortega Smith —miembro de Vox en el Ayuntamiento— cuestionó la desigualdad en el cumplimiento de las normas, un debate que trasciende lo social y toca lo político.
¿Qué se juega cada actor?
Para el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, los datos de desalojos sirven como argumento para justificar su gestión, aunque la persistencia del problema en barrios como San Blas-Canillejas debilita esa narrativa. Más Madrid, por su parte, apuesta por soluciones sociales —como ampliar plazas de acogida— pero enfrenta críticas desde la oposición por no actuar con más contundencia.
El Gobierno central, aunque no intervino directamente en la comisión, queda expuesto por las declaraciones de Sanz. La vicealcaldesa no mencionó al Ejecutivo por su nombre, pero su alusión a la «negligencia» en el control de fronteras apunta a una tensión institucional creciente. Mientras, el PP en Madrid podría aprovechar el debate para presionar por políticas más restrictivas, aunque su postura choca con la realidad: según los datos del Ayuntamiento, el 60% de los asentamientos desmantelados en 2026 estaban ocupados por personas en situación de exclusión social, no necesariamente por inmigrantes ilegales.
La crisis de sinhogarismo en Madrid no es nueva, pero su visibilidad ha aumentado en 2026, coincidiendo con el aumento de llegadas irregulares a Ceuta y Melilla. Sanz evitó mencionar estos episodios, pero su referencia a la inmigración ilegal como «desbordada» sugiere una conexión implícita. El Ayuntamiento, sin embargo, centra sus esfuerzos en la acogida y la mediación, un enfoque que contrasta con las demandas de mayor dureza desde la oposición.
La próxima prueba para el Consistorio será cumplir su objetivo de 1.400 plazas de acogida antes de fin de año. Si lo logra, podría aliviar la presión social, pero el problema de fondo —la falta de coordinación con el Estado— sigue sin resolverse. Mientras, barrios como San Blas-Canillejas siguen siendo el termómetro de una crisis que, según Sanz, «no es solo madrileña, sino nacional».
