El Gobierno regional amplía el programa con 5.500 pisos adicionales para jóvenes en 15 municipios, incluyendo Valdebebas y Alcobendas
La Comunidad de Madrid ha adjudicado tres de cada cuatro viviendas del Plan Vive a menores de 35 años, consolidando este programa como la principal vía de emancipación juvenil en la región. El Gobierno regional, que actualmente ofrece 6.419 pisos en 12 localidades —entre ellas Alcalá de Henares, Getafe y la capital—, ampliará la iniciativa con 14.000 nuevos inmuebles distribuidos en 26 municipios.
Los contratos formalizados priorizan a residentes empadronados o con centro de trabajo en la misma localidad, un criterio que alcanza el 76% del total y roza el 100% en municipios como Alcorcón, Colmenar Viejo o Pinto. San Sebastián de los Reyes y Pinto lideran el porcentaje de inquilinos jóvenes, mientras que perfiles como familias con hijos o mayores de 65 acceden en menor medida a estas promociones, que incluyen zonas comunes y aparcamientos.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha destacado que el plan se ha convertido en una opción «real y efectiva» para quienes buscan independizarse cerca de su entorno familiar. Además, el Ejecutivo regional ha impulsado el Plan Vive Solución Joven, un programa específico para menores de 35 años que prevé construir 5.500 viviendas, de las que ya se han adjudicado 3.352. La primera promoción, en Loeches, supera el centenar de pisos, y próximamente se iniciarán obras en Alcobendas, Arroyomolinos, Valdemoro y dos zonas de Madrid: Valdepeñas y Los Ahijones.
La ampliación del Plan Vive responde a la demanda de vivienda asequible en una región donde el 60% de los jóvenes entre 18 y 34 años aún reside con sus padres, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025. El programa, sin embargo, no está exento de críticas: asociaciones de inquilinos han señalado que los precios —entre 400 y 700 euros mensuales— siguen siendo inaccesibles para salarios medios inferiores a 1.200 euros netos.
El marco legal del plan se enmarca en la Ley de Vivienda de la Comunidad de Madrid, que permite a la administración autonómica destinar suelo público a promociones de alquiler social. A diferencia de otras comunidades, como Cataluña o País Vasco, Madrid no ha establecido límites de renta máxima para acceder a estas viviendas, lo que ha generado debates sobre su eficacia para reducir la brecha generacional en el acceso a la vivienda.
