El Ayuntamiento de Carboneras anula la licencia de 2003 y el expediente obliga a Azata del Sol a costear el derribo del edificio
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha el proceso para demoler el hotel que la constructora Azata del Sol levantó en la playa del Algarrobico, en Carboneras (Almería), después de que el Ayuntamiento de la localidad anulara la licencia que concedió en 2003. La consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio ha abierto el expediente para restablecer la legalidad territorial en la parcela, ocupada por un edificio que nunca llegó a funcionar.
El origen del caso está en la propia licencia: la parcela está clasificada como suelo no urbanizable protegido por el plan de ordenación de los recursos naturales del parque natural Cabo de Gata-Níjar, de 1994, y el hotel invade la servidumbre de costas al situarse a menos de 100 metros de la orilla del mar. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió en 2021 una sentencia que constataba la ilegalidad, pero han pasado cinco años hasta que el consistorio ha cancelado el permiso, lastrado por el temor a una multa que arruinara las arcas municipales. El pleno de julio tuvo que votar dos veces por la ausencia de concejales socialistas, que acabaron expulsados del partido.
El delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, detalló el miércoles los siguientes pasos: se exigirá a Azata del Sol la redacción del proyecto de derribo y su ejecución, y la empresa podrá recurrir por vía administrativa y judicial. Si se niega, la Junta podrá imponerle multas «coercitivas y reiterativas» para forzar la demolición. Si la constructora no atiende, serán las administraciones las que asuman el derribo y la restauración, como acordaron en 2011: el Ministerio de Transición Ecológica se encargaría de la demolición, mientras que la gestión de residuos y la restauración de la playa corresponden a la Junta, que reserva desde hace años una partida presupuestaria para esa tarea.
La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, defendió la vía elegida: «Era la vía más segura y eficaz para poder restablecer la legalidad». La dirigente popular no mencionó la fórmula que la ministra María Jesús Montero anunció en febrero de 2025, cuando se desplazó a Carboneras para prometer la expropiación de los terrenos estatales y el inicio de los trabajos en seis meses, un plazo que no se ha cumplido. Montero, que entonces acababa de asumir la jefatura del PSOE andaluz, compitió así con la estrategia de la Junta, que se personó en la ejecución de las sentencias y trabajó para consolidar la protección de los terrenos.
El hotel se ha convertido en el símbolo más reconocible de los excesos urbanísticos del litoral español de principios de siglo. Su demolición, que aún no tiene fecha, cerraría un conflicto abierto durante más de dos décadas y marcaría un precedente sobre cómo resolver edificaciones levantadas al amparo de licencias declaradas nulas.
