El Pleno municipal pospuso en junio la votación sobre la nulidad de la licencia del hotel de El Algarrobico tras 18 años de polémica
La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto una investigación contra siete concejales del Ayuntamiento de Carboneras —dos no adscritos y cinco del PSOE— por un presunto delito de prevaricación administrativa. El origen está en la decisión adoptada en el Pleno municipal del 17 de junio, cuando el equipo de gobierno acordó posponer la votación sobre la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para recabar nuevos informes técnicos.
El caso afecta directamente al polémico proyecto, paralizado desde 2005 por su impacto ambiental en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La licencia, concedida en 2003 por el entonces alcalde socialista del municipio, fue anulada en 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero la sentencia no se ejecutó al interponerse recursos. En 2016, el Tribunal Supremo ratificó la nulidad, aunque el edificio —con un 94% de la estructura construida— sigue en pie.
La investigación fiscal se centra en si la demora en la votación, solicitada por los concejales socialistas y apoyada por los no adscritos, buscó favorecer intereses particulares o entorpecer la ejecución de una sentencia firme. Según fuentes judiciales, el retraso podría haber impedido que el Ayuntamiento declarara la nulidad de la licencia antes de que expirara el plazo para su ejecución forzosa, previsto en la Ley de Bases de Régimen Local.
El PSOE de Carboneras, que gobierna en minoría con cuatro concejales, ha defendido que la petición de informes adicionales respondía a «garantizar la seguridad jurídica». Sin embargo, la oposición —encabezada por el PP, con tres ediles— acusó al equipo de gobierno de «dilatar» el proceso para evitar un conflicto con los propietarios del hotel, vinculados al grupo Azata, que reclama una indemnización de 300 millones de euros por la paralización de las obras.
El caso se enmarca en un conflicto legal de casi dos décadas, donde se han sucedido sentencias contradictorias y recursos. En 2023, la Junta de Andalucía —gobernada por PP y Vox— anunció su intención de expropiar el terreno para demoler el hotel, aunque la medida no se ha materializado. La Fiscalía de Almería, que ya investigó en 2019 posibles irregularidades en la concesión inicial de la licencia, ahora evalúa si la última decisión del Pleno municipal incurrió en prevaricación.
Fuente: ABC
