Greenpeace califica de «decisivo» el trámite autonómico frente a la inacción del Ayuntamiento de Carboneras
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha incoado un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística para acelerar la demolición del hotel de El Algarrobico. Este procedimiento administrativo autonómico busca forzar la desaparición del complejo edificado en suelo protegido de Carboneras, en la provincia de Almería, una infraestructura paralizada judicialmente desde hace casi dos décadas por vulnerar la normativa ambiental en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Greenpeace ha respaldado de forma inmediata la actuación del Ejecutivo autonómico andaluz al calificar el movimiento de «decisivo» para resolver el conflicto. Según expuso el colectivo ecologista, la apertura de este expediente autonómico responde a la continuada «falta de cooperación» demostrada por el Ayuntamiento de Carboneras a la hora de ejecutar las resoluciones y autorizar la piqueta sobre el inmueble costero.
Por su parte, el Consistorio almeriense ha reaccionado reclamando colaboración institucional entre las distintas administraciones para poder abordar el desmantelamiento definitivo. El reparto de competencias urbanísticas y medioambientales entre el Gobierno central, el Ejecutivo andaluz y el municipio ha dilatado durante años la materialización de las sentencias del Tribunal Supremo, que declararon ilegal la licencia de obras al asentarse la edificación sobre un espacio no urbanizable de especial protección.
La demolición de la estructura de más de veinte plantas exige coordinar la gestión de los residuos, la restitución física de la playa y la asunción de los costes económicos derivados de los trabajos técnicos. Con la incoación de este trámite sancionador y de disciplina urbanística, la administración andaluza asume la iniciativa formal para desbloquear un litigio que simboliza el urbanismo depredador en el litoral mediterráneo y que mantiene enfrentados a ecologistas y responsables locales sobre las indemnizaciones pendientes.
El expediente, abierto por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, ha sido descrito por Greenpeace como un paso «decisivo» que responde a la falta de cooperación del Ayuntamiento de Carboneras para iniciar el derribo del edificio. La petición de colaboración institucional por parte del municipio subraya la necesidad de una coordinación efectiva entre las distintas capas de gobierno para avanzar en la ejecución de la demolición y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.
