La Ley de acompañamiento a los presupuestos 2026 incluye un acuerdo PP-Vox que refuerza la supervisión de contenidos educativos bajo el principio de «neutralidad ideológica»
La Generalitat valenciana ha incorporado en la Ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, publicada esta semana en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), una medida que obliga a los inspectores educativos a supervisar el trabajo y las materias impartidas por los profesores para garantizar la «neutralidad ideológica» y evitar el «adoctrinamiento» en las aulas.
El acuerdo, alcanzado entre el Partido Popular (PP) y Vox, forma parte de los pactos que sustentan el gobierno autonómico valenciano desde 2023. La normativa no detalla qué contenidos concretos serán objeto de revisión, pero establece que los inspectores deberán evaluar el cumplimiento del principio de neutralidad en la programación docente y en la actividad diaria de los centros educativos.
La medida se enmarca en un debate recurrente en varias comunidades autónomas gobernadas por coaliciones de derecha, donde se ha cuestionado la presencia de determinados contenidos en asignaturas como Historia, Ciencias Sociales o Educación para la Ciudadanía. En la Comunidad Valenciana, este tipo de iniciativas ya generó polémica en 2021, cuando el gobierno autonómico del PP intentó modificar los currículos educativos para eliminar referencias a la memoria histórica o la diversidad afectivo-sexual, aunque la propuesta fue bloqueada por recursos judiciales.
El texto legal no especifica sanciones para los docentes que incumplan la norma, pero sí otorga a la inspección educativa la potestad de emitir informes que podrían derivar en expedientes disciplinarios. Sindicatos de profesores, como STEPV o CCOO, ya han anunciado que recurrirán la medida ante los tribunales, argumentando que vulnera la autonomía pedagógica y la libertad de cátedra reconocida en la Constitución.
La Consejería de Educación, dirigida por el popular José Antonio Rovira, ha defendido la norma como un «mecanismo de transparencia» para «proteger a las familias» frente a posibles sesgos ideológicos en la enseñanza. Vox, por su parte, ha celebrado la medida como un «avance contra la imposición de agendas políticas en las aulas», aunque no ha aclarado qué criterios concretos se aplicarán para determinar qué constituye adoctrinamiento.
La ley entrará en vigor con la aprobación definitiva de los presupuestos autonómicos, prevista para finales de septiembre. Mientras, la oposición, liderada por el PSPV-PSOE, ha tachado la medida de «censura encubierta» y ha anunciado que presentará enmiendas para derogarla.
Fuente: ABC
