El Consell valenciano destina 33.305 millones de euros y exige arraigo verificable para acceder a ayudas sociales, tras un acuerdo entre PP y Vox
La Generalitat Valenciana ha puesto en vigor este lunes los presupuestos para 2026 y la ley de acompañamiento, que introducen por primera vez en España la ‘prioridad nacional’ como criterio legal para la adjudicación de políticas sociales. Ambos textos, aprobados el 22 y 31 de julio respectivamente en las Cortes Valencianas con los votos de PP y Vox, suman 33.305 millones de euros, un 3,1 % más que en 2025, e incluyen un aumento de 450 millones para Educación.
La normativa establece que los recursos públicos se asignarán de forma prioritaria a quienes acrediten «un arraigo real, duradero y verificable» en la Comunidad Valenciana, un principio que regirá también el acceso a la vivienda. Para optar a ayudas, subvenciones o prestaciones, los solicitantes deberán demostrar un «periodo mínimo reforzado de empadronamiento y vinculación con el territorio», además de su «trayectoria de cotización y contribución al sistema». La ley excluye explícitamente a personas en situación administrativa irregular del acceso a servicios sociales estructurales, limitando su asistencia a casos de urgencia vital.
El acuerdo entre PP y Vox, que gobiernan en coalición desde 2023, ha permitido la aprobación de estos presupuestos, los terceros consecutivos bajo esta alianza. Sin embargo, la estabilidad del pacto mostró una fisura durante la tramitación parlamentaria: Vox propuso recortar casi un millón de euros a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), una iniciativa rechazada por el Partido Popular, que mantuvo intacta la partida destinada a la institución.
Estas cuentas son las primeras rubricadas por Juanan Pérez Llorca como presidente del Consell, tras su nombramiento en 2025. La ley de acompañamiento, que desarrolla los detalles operativos de la ‘prioridad nacional’, fue validada el pasado 31 de julio y entrará en vigor con efectos inmediatos. Su aplicación deberá ajustarse a la legalidad vigente, según recoge el texto publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
La medida ha generado el rechazo de PSOE y Compromís, que votaron en contra de ambos textos. Mientras, el Gobierno central, liderado por el PSOE, no se ha pronunciado oficialmente sobre la normativa, aunque fuentes del Ministerio de Política Territorial han señalado que analizarán su encaje con la legislación estatal. La ‘prioridad nacional’ ya había sido defendida por Vox en otras comunidades, pero hasta ahora no se había plasmado en una ley autonómica.
