La convocatoria, abierta hasta el 10 de septiembre, cubre hasta 500 euros en gastos legales y 1.500 en reparaciones por daños
La Generalitat Valenciana ha lanzado una línea de ayudas dotada inicialmente con 250.000 euros —ampliables a un millón— para propietarios y usufructuarios de viviendas okupadas ilegalmente en la comunidad. La medida, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), financia asesoramiento jurídico y reparación de daños, con un límite de 500 euros para gastos legales y 1.500 euros para desperfectos por beneficiario.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha justificado la iniciativa como una respuesta a la «protección insuficiente» que, a su juicio, ofrece la Ley de Vivienda estatal a los propietarios. «Este Consell actúa con firmeza frente a la ocupación ilegal, persiguiendo el delito y proporcionando seguridad jurídica», declaró Camarero, quien vinculó el problema a «la falta de vivienda» y defendió combinar políticas sociales con medidas contra la okupación.
Podrán solicitar las ayudas quienes acrediten vecindad administrativa en la Comunidad Valenciana durante al menos un año y presenten documentación que pruebe la titularidad del inmueble, la denuncia por okupación y los gastos incurridos. El plazo para las solicitudes, tramitables por vía electrónica, finaliza el 10 de septiembre. La partida forma parte del Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas, que en 2026 destinará dos millones de euros a este ámbito: un millón para asesoramiento y reparaciones, y otro para fomentar el alquiler y cubrir impagos de arrendamiento.
La medida se enmarca en un contexto de creciente tensión entre administraciones por la gestión de la okupación. Mientras el Gobierno central prioriza en su ley la protección de los inquilinos vulnerables, la Generalitat —gobernada por el PP en coalición con Vox— enfatiza la defensa de la propiedad privada. Camarero criticó explícitamente la normativa estatal, acusándola de «proteger más al okupa que al propietario».
El plan autonómico también incluye acciones para movilizar suelo y construir vivienda pública, aunque no se detallan plazos ni cifras concretas. La consellera subrayó que la okupación «deteriora la convivencia y los barrios», un argumento recurrente en las políticas de seguridad del PP y Vox, que han impulsado leyes más duras contra este fenómeno en otras comunidades autónomas.
