La jueza de Catarroja cita a bomberos, alcaldes y exfuncionarios mientras el expresident Carlos Mazón rechaza responsabilidad en el retraso del aviso ES-Alert
La investigación judicial sobre la gestión de la **dana de septiembre de 2024** en la Comunidad Valenciana podría ampliar su balance de víctimas mortales hasta **240 fallecidos**, ocho más que los 232 reconocidos hasta ahora. La jueza instructora del caso en Catarroja analiza si incluir en la causa a ocho personas cuyos expedientes forenses aún no han confirmado su vinculación directa con la tragedia, según fuentes judiciales consultadas.
La última víctima reconocida fue una vecina de **Guadassuar (Valencia)** que murió el **6 de noviembre de 2024** por complicaciones derivadas de la inundación de su domicilio, que le impidió acceder al oxígeno que necesitaba. Anteriormente, en julio, se incluyó a un hombre de **Benetússer** que falleció por un infarto agudo de miocardio tras la riada. La complejidad de la investigación —casi dos años después de los hechos— radica en determinar qué muertes fueron **consecuencia directa** de la catástrofe, especialmente en casos como el de Guadassuar, donde el corte de suministro eléctrico agravó una preexistente insuficiencia respiratoria.
La jueza retoma este lunes las declaraciones de testigos clave, entre ellos dos responsables de **bomberos forestales** de Alzira y Buñol, y el próximo jueves comparecerá **Avelino Mascarell**, diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia. También están citados **Rosa María Touris** —exdirectora general de Prevención de Incendios Forestales—, **Francisco Javier Sendra** (secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes) y **Andoni León**, alcalde de Pedralba, entre otros. El calendario incluye once testigos en octubre, ocho de ellos alcaldes de municipios afectados como **Chiva** (donde su regidora, **Amparo Fort**, alertó minutos antes de la inundación del Poyo) o **Riba-roja de Túria** (representada por su alcalde, **Robert Raga**).
Mientras, la defensa del expresidentaaa valenciano **Carlos Mazón** presentó un escrito de 66 páginas para **rechazar su responsabilidad** en el retraso del aviso ES-Alert que alertó de la crecida de ríos y barrancos el **29 de octubre de 2024**. La jueza desestimó en un auto que existiera una «investigación prospectiva» contra él, recordando que Mazón es diputado autonómico y, por tanto, aforado. Las asociaciones de víctimas, por su parte, amplían su movilización mensual a **Alicante** el **26 de septiembre**, donde Mazón tiene su oficina como expresident de la Generalitat, para reclamar explicaciones.
El caso sigue abierto con una **prórroga de seis meses** en la instrucción, que vencerá el **30 de octubre**. La jueza ha emitido varios autos desde el parón estival, pero el debate central gira en torno a si el retraso en la alerta —cuestionado por testigos como Touris— tuvo un impacto directo en el número de víctimas. Mientras, la Generalitat Valenciana, con **Carlos Mazón al frente** hasta 2023, mantiene una línea defensiva: en su escrito, su abogado argumentó que el expresident **no intervino en el contenido del mensaje ES-Alert** y que su cargo no le otorgaba competencias para adoptar medidas de prevención.
