La magistrada que investigó a David Sánchez acusa a la formación de presionar, desacreditarla y amenazar su seguridad
La juez Beatriz Viedma ha solicitado al magistrado instructor del caso Leire que la acepte como acusación particular. Lo hace tras considerar que el PSOE y sus redes de influencia intentaron presionarla y desacreditarla e incluso comprometer su seguridad personal durante la investigación que llevó a cabo sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Viedma, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, se suma así a la lista de víctimas que reclaman su participación activa en el proceso judicial. Su petición se enmarca en un caso que ya ha generado tensiones políticas, al vincularse con el entorno cercano a Pedro Sánchez y su familia.
El PSOE, como partido gobernante, se enfrenta ahora a una demanda concreta que podría ampliar el alcance del caso más allá de lo penal. La juez alega que las acciones contra ella no fueron aisladas, sino parte de una estrategia sistemática para influir en su labor judicial. Este tipo de acusaciones, si prosperan, podrían reabrir el debate sobre la independencia judicial en casos con implicaciones políticas.
El caso Leire, que investiga supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, lleva meses en el punto de mira. La implicación de David Sánchez —hermano del presidente— añadió una capa de sensibilidad adicional, al mezclarse lo judicial con lo familiar. La petición de Viedma, si es aceptada, podría convertirla en un actor clave en la fase de acusación, con derecho a presentar pruebas y alegatos.
Mientras, el PSOE no ha reaccionado oficialmente a la solicitud. Su silencio contrasta con las declaraciones públicas de otros implicados, que han minimizado las acusaciones previas como intentos de «politizar» un proceso judicial. La decisión del magistrado instructor será determinante para saber si el caso escalará aún más en el ámbito político.
Como acusación particular, Viedma tendría el derecho de aportar pruebas y alegatos en la fase de juicio, lo que le permitiría influir directamente en la valoración de los hechos.
El juez instructor, cuyo nombre no se menciona en el texto fuente, debe decidir si acepta la solicitud, lo que determinará si la juez podrá participar activamente en el proceso penal.
