El Gobierno reconoce fallos en cálculos iniciales y amplía plazas a 10.000, pero solo 307 expulsados hasta ahora
El Gobierno admite este jueves que no controla ni el número total de migrantes que entraron en Ceuta —más de 80.000, según estimaciones—, ni cuántos siguen en la ciudad —al menos 10.000—, ni cuántos expulsará. Cincuenta días después de la invasión, el Ejecutivo reconoce que su estrategia ha fracasado: solo 307 personas han sido expulsadas, todas por delitos graves, mientras los expedientes de devolución —1.822— siguen sin resolverse.
La portavoz gubernamental, Elma Saiz, acusó al PP de «enquistar» la crisis, pero el Gobierno es el único responsable de que Ceuta siga bajo ocupación de facto. Las plazas para migrantes se han multiplicado de 1.800 a 10.000 —con dos nuevos centros en construcción—, pero el ministro del mando único, Ángel Víctor Torres, admitió este martes que entre 700 y 1.000 menores siguen en las calles, además de los 2.048 bajo tutela de la ciudad autónoma.
El problema legal se agrava: los menores necesitan representación, pero el Gobierno ya gastó 2 millones de euros en un convenio con el Colegio de Abogados para cubrir su defensa. Mientras, los adultos —el 90% magrebíes— pueden recurrir a la Audiencia Nacional para dilatar su expulsión, según advirtió Pedro Sánchez en La Sexta, donde también anunció que la crisis se alargará «hasta fin de año».
El Ejecutivo confía en que los migrantes se marchen por su cuenta —ya lo han hecho 5.482—, pero la realidad es que muchos se esconden en el monte o en espacios no registrados. Las fuentes gubernamentales reconocen que el reparto de comidas en la playa de El Trampolín no baja al ritmo esperado, lo que sugiere que hay más personas ocultas de las que se calcula.
La única salida legal para los menores que no regresen a Marruecos sería activar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que obligaría a las comunidades autónomas a asumir cupos. Pero el Gobierno prefiere evitarlo: hasta ahora, solo ha expulsado a quienes cometieron delitos, no a los que buscan asilo —aunque, según Sánchez, los magrebíes no tienen derecho a ello por entrar por «razones económicas».
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