El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, pasa a depender de la juez Tardán para esclarecer alertas y omisiones en la gestión de la frontera
La Audiencia Nacional ha asumido la investigación sobre la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio, incluyendo los cargos contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, **Miguel Ángel Pérez Triano**. El juzgado número 6 de Ceuta ha remitido el caso a la juez **María Tardán**, que ya investiga los hechos desde la Plaza 3 de la Audiencia Nacional, tras confirmar que ambos procedimientos están conectados. La decisión llega tras la petición de la Fiscalía y la propia juez Tardán, que solicitó al Gobierno los informes sobre alertas previas a la entrada masiva de migrantes.
La juez Tardán ya había declarado su competencia para investigar la oleada de finales de julio, que dejó al menos **83 muertos** por ahogamiento o aplastamiento en el lado español de la frontera. Ahora, el delegado del Gobierno **Pérez Triano** —el cargo más directamente señalado hasta ahora— quedará bajo su jurisdicción. La investigación analizará si las autoridades españolas disponían de información sobre la entrada masiva y cómo actuaron, lo que podría derivar en responsabilidades penales por **homicidios imprudentes**, **omisión del deber de perseguir delitos** o **denegación de auxilio**.
El caso se enmarca en una querella presentada por **Hazte Oír**, que acusó a Pérez Triano de prevaricación por omisión y otros delitos. La investigación también revisará si hubo fallos en la **articulación de medios de respuesta** en territorio español, como alertas previas del **Centro Nacional de Inteligencia (CNI)** —que su jefe de Gabinete ya había confirmado haber transmitido al delegado—. La decisión de la Audiencia Nacional consolida un proceso que podría reabrir debates sobre la gestión de fronteras y la coordinación institucional durante crisis migratorias.
El delegado del Gobierno **Pérez Triano** —nombrado en 2024 tras la dimisión de Juan Jesús Viera— es el primer cargo en ser investigado formalmente por estos hechos. Su antecesor, Viera, ya había sido criticado por su gestión durante la crisis de 2023, aunque sin consecuencias legales. La Audiencia Nacional ahora deberá determinar si hubo **negligencia** en la respuesta a las alertas, un aspecto clave para posibles imputaciones. Mientras, el Gobierno de **Margarita Robles** —ministra de Interior— enfrenta crecientes presiones para aclarar su papel en la crisis, en un contexto donde partidos como el **PP** y **Vox** exigen mayor dureza en la gestión de fronteras.
