María Tardón solicita informes a Guardia Civil y Policía Nacional sobre posibles alertas previas y operaciones de rescate durante los sucesos de mayo
La jueza del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto diligencias previas para determinar si las autoridades españolas recibieron información previa que pudiera haber alertado sobre la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta el pasado mes de mayo. En un auto fechado el 4 de agosto, Tardón ha solicitado a la Guardia Civil que aclare si existió «alguna información en los días previos» que anticipara los movimientos migratorios y que detalle el dispositivo desplegado, incluyendo operaciones de rescate en aguas territoriales españolas.
La magistrada también exige datos sobre las personas fallecidas —causa y fecha de la muerte— y la identidad y localización de los supervivientes. Paralelamente, ha requerido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para esclarecer si la entrada masiva respondió a «una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal». La investigación se inició tras una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa, y la jueza decidirá si asume la competencia una vez analizados los informes solicitados.
El caso se enmarca en un contexto de tensiones entre los ministerios de Interior y Defensa por el reparto de responsabilidades en la falta de anticipación a los movimientos registrados en Marruecos antes de los sucesos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró este martes que mantenía su «confianza» en los servicios de Inteligencia españoles, pero insistió en que «no hubo ningún informe ni aviso de que nada parecido a lo acontecido pudiera pasar». Estas declaraciones contrastan con las pesquisas judiciales, que buscan determinar si existió negligencia o fallos en la coordinación entre las fuerzas de seguridad.
La investigación judicial podría tener implicaciones políticas y legales para el Gobierno, especialmente en un momento en el que la gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha sido objeto de críticas desde la oposición. El PP y Vox han acusado al Ejecutivo de falta de previsión, mientras que partidos como Iustitia Europa han impulsado acciones legales para depurar responsabilidades. Además, el resultado de las diligencias podría influir en la percepción pública sobre la eficacia de los mecanismos de control fronterizo y en las relaciones con Marruecos, un actor clave en la gestión migratoria.
La Audiencia Nacional, competente en delitos de especial gravedad o que afecten a más de una comunidad autónoma, podría asumir el caso si se confirman indicios de delito. Entre los aspectos que se analizarán figuran posibles fallos en la cadena de mando, la coordinación entre cuerpos de seguridad y la respuesta operativa durante los días críticos. La jueza Tardón, conocida por su papel en investigaciones sensibles como la causa contra el excomisario José Manuel Villarejo, ha marcado un plazo breve para la entrega de los informes, lo que sugiere un interés por avanzar con celeridad en el caso.
Fuente: elDiario.es
