El magistrado Timothy Kelly exige explicaciones tras la suspensión de los pases de prensa sin aviso previo, mientras el Gobierno de Trump defiende la medida como un «privilegio» no constitucional
Timothy Kelly, juez federal de Washington, cuestionó este miércoles el procedimiento utilizado por la Administración de Donald Trump para revocar las acreditaciones de prensa a CNN, MSNBC y Politico, al considerar que los medios fueron privados de acceso sin una notificación previa que detallara los supuestos incumplimientos. El magistrado subrayó que los periodistas recibieron las explicaciones sobre las presuntas infracciones después de que sus pases ya hubieran sido retirados, lo que vulneraría los principios básicos de debido proceso.
La audiencia, celebrada en el Tribunal Federal de Distrito de Columbia, puso de manifiesto un conflicto legal sin precedentes en la era Trump: mientras el Departamento de Justicia argumenta que el acceso a la Casa Blanca es un «privilegio» y no un derecho constitucional, los abogados de los medios acusaron a la Administración de usar la seguridad nacional como cortina de humo para reprimir informaciones críticas. El juez Kelly, sin emitir decisión inmediata, advirtió que analizará si las justificaciones aportadas por el Gobierno son «genuinas» o surgieron como respuesta tardía al litigio.
La medida, anunciada por Trump el pasado viernes, se enmarca en una escalada de tensiones entre la Casa Blanca y medios de comunicación que el presidente acusa de difundir «ficción y mentiras». Sin embargo, los abogados defensores señalaron que las primeras explicaciones públicas de Trump se centraron en el contenido de las informaciones —tachadas de falsas o negativas—, no en supuestos riesgos para la seguridad nacional, como ahora alega el Gobierno.
El precedente de la Primera Enmienda y el Tribunal Supremo
Los letrados de CNN, MSNBC y Politico recordaron durante la vista una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que establece que las justificaciones del Gobierno para interferir en derechos protegidos por la Primera Enmienda deben ser «genuinas y no planteadas a posteriori como respuesta a un litigio». Este argumento cobra especial relevancia en un caso donde, según los medios, la Administración revocó las acreditaciones sin dar oportunidad de subsanar presuntas irregularidades.
El abogado del Departamento de Justicia, Michael Melchi, defendió la decisión alegando que el presidente tiene potestad para establecer condiciones de acceso a la Casa Blanca. «Es un privilegio, no un derecho», insistió, añadiendo que los periodistas deben conocer que «publicar información clasificada es ilegal». Sin embargo, los representantes legales de los medios rechazaron esta postura, argumentando que la retirada de las credenciales responde a una represalia por el contenido de sus informaciones, no a un incumplimiento de normas objetivas.
¿Qué pasa ahora? Cronología y siguientes pasos
El juez Kelly no dictó resolución en la primera audiencia, pero indicó que estudiará los argumentos «tan pronto como pueda». Mientras tanto, los tres medios afectados mantienen su petición de una orden de restricción temporal que suspenda la medida hasta que se resuelva el fondo del caso. La decisión de Kelly podría sentar un precedente crucial sobre los límites del poder ejecutivo para restringir el acceso de la prensa a fuentes oficiales, especialmente en un contexto donde la polarización mediática y política en Estados Unidos alcanza cotas históricas.
La cronología del conflicto es clara: el pasado viernes, Trump anunció la revocación de las acreditaciones sin explicaciones detalladas. Solo después, los medios recibieron una carta —tras la suspensión— que enumeraba supuestos incumplimientos. Este orden, según los abogados defensores, invalida cualquier alegato de transparencia por parte de la Administración. La audiencia de este miércoles, por tanto, no solo cuestiona un acto concreto, sino el mecanismo mismo de rendición de cuentas en la era Trump.
El caso también reviste especial importancia por el perfil de los medios afectados: CNN, MSNBC y Politico son tres de las voces más influyentes en el debate político estadounidense, con audiencias que superan los millones de espectadores diarios. Su exclusión temporal de la Casa Blanca —incluso para eventos de prensa— limita el acceso a información directa de fuentes oficiales, un derecho que, según la Asociación de Prensa Extranjera en Washington, ha sido erosionado progresivamente durante los mandatos de Trump y Biden.
Mientras el juez Kelly evalúa el caso, los tres medios han anunciado que continuarán su cobertura desde fuera de la Casa Blanca, aunque con restricciones logísticas. La decisión final podría tener implicaciones más allá de este litigio: si el Tribunal Supremo confirmara que el Gobierno puede revocar acreditaciones sin notificación previa, se abriría una puerta peligrosa para la autocensura en un entorno donde la línea entre «información crítica» y «seguridad nacional» se vuelve cada vez más difusa.
