Joaquim Bosch recuerda que cargos públicos en Ceuta ya fueron condenados por incumplir la ley de extranjería con menores
El magistrado valenciano Joaquim Bosch ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de realizar un «llamamiento a la prevaricación» al exigir la expulsión inmediata de todos los migrantes en Ceuta, incluidos menores, sin seguir los trámites legales. En una entrevista en La hora de la 1, Bosch respondió a las declaraciones de Feijóo, quien afirmó que «ni mayores ni menores, han de regresar todos», señalando que «cargos públicos relevantes» no pueden promover el incumplimiento de la ley.
El juez recordó que el ordenamiento jurídico español prohíbe las «expulsiones generales de menores» sin los procedimientos establecidos y citó antecedentes reales: cargos públicos en Ceuta han sido condenados por prevaricación en el pasado por vulnerar la normativa de extranjería. Bosch subrayó que estas declaraciones reflejan «muy poca sensibilidad con los derechos esenciales de los niños y niñas», cuya protección es prioritaria según la legislación.
La polémica surge en un contexto de tensión migratoria en Ceuta, donde el Gobierno central y las autoridades locales mantienen posturas divergentes sobre la gestión de llegadas. Feijóo, líder de la oposición, ha centrado su discurso en la expulsión masiva como solución, mientras el Ejecutivo defiende un enfoque basado en la legalidad y los derechos humanos. El PP, sin embargo, no ha presentado alternativas concretas para agilizar los trámites de repatriación dentro del marco legal.
La intervención de Bosch ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios y colectivos pro derechos humanos han respaldado su postura. Organizaciones como CEAR y Save the Children han advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos de criminalizar a los menores migrantes, recordando que España está obligada por convenios internacionales a garantizar su protección. El debate pone de relieve la división entre partidos sobre cómo abordar la crisis migratoria, con el PP apostando por medidas más duras y el Gobierno insistiendo en la necesidad de cumplir con la ley.
El artículo 318 del Código Penal español tipifica como delito la prevaricación administrativa, castigando a autoridades o funcionarios que dicten resoluciones arbitrarias en asuntos de su competencia. Aunque Feijóo no ocupa un cargo ejecutivo, su influencia como líder de la oposición y su proyección mediática amplifican el impacto de sus declaraciones, que podrían ser interpretadas como una presión indirecta sobre las instituciones encargadas de aplicar la ley.
