Eliseo Fernández, director general de Infancia, autorizó el traslado de los niños no acompañados desde la ciudad autónoma
Los servicios sociales de Extremadura han acogido a cuatro menores no acompañados procedentes de Ceuta en los últimos días, a pesar de que Vox en la región niega haber aceptado su llegada. Los niños, que llegaron a la ciudad autónoma antes de la invasión de julio, fueron trasladados con la autorización de Eliseo Fernández, director general de Infancia de la Junta de Extremadura desde mayo de 2026.
La formación de ultraderecha, que gobierna en coalición con el PP en la comunidad autónoma, ha insistido públicamente en que no permitiría la acogida de estos menores. Sin embargo, fuentes de los servicios sociales confirmaron que los cuatro niños ya se encuentran en centros de la región. El traslado se produjo bajo la supervisión de la Dirección General de Infancia, dependiente de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, cuyo titular es Guillermo Fernández Vara (PSOE), aunque el cargo directivo está ocupado por Fernández, nombrado por Vox.
Este caso pone de relieve la tensión interna en el Gobierno extremeño, donde el PP y Vox comparten ejecutivos, pero mantienen posturas divergentes en políticas sociales. Mientras el PP ha evitado pronunciarse públicamente sobre el asunto, Vox ha reiterado su rechazo a la acogida de menores migrantes no acompañados, alineándose con su discurso nacional contra la inmigración irregular. La Junta de Extremadura, sin embargo, está obligada por ley a garantizar la protección de estos menores, independientemente de su origen, según establece la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.
Ceuta, por su parte, ha sido escenario de un aumento en la llegada de menores no acompañados en los últimos meses, especialmente tras la crisis migratoria desatada por la invasión de julio. La ciudad autónoma, con recursos limitados, ha solicitado en repetidas ocasiones apoyo a otras comunidades para distribuir la carga asistencial. Hasta ahora, solo Andalucía y Extremadura han respondido de manera tangible, aunque con condiciones y restricciones.
El conflicto entre el discurso político de Vox y la gestión real de los servicios sociales extremeños refleja una tendencia más amplia en las comunidades donde la ultraderecha forma parte del Gobierno. Mientras la formación insiste en medidas restrictivas, las competencias autonómicas en materia de protección a la infancia limitan su capacidad para aplicar cambios radicales sin incumplir la legislación estatal.
Fuente: ABC
