El PP andaluz enfrenta tensiones con su socio por la gestión de menores inmigrantes y los incendios, mientras el PSOE exige explicaciones
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha iniciado su tercera legislatura con el Gobierno andaluz en pie desde el 5 de julio, pero con tensiones crecientes con su socio de investidura, Vox, por la gestión de menores inmigrantes y otros temas sensibles.
El último choque surge tras la decisión de la Junta de sumarse al fondo de 25 millones de euros para menores inmigrantes llegados en el asalto fronterizo de Ceuta los días 30 y 31 de julio. Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta, ha exigido una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto para revisar esta medida, advirtiendo que no permitirán «facilitar ni financiar la llegada, acogida o permanencia de inmigrantes ilegales en Andalucía».
El PSOE andaluz, liderado por María Jesús Montero, ha adoptado una postura combativa, exigiendo una comisión de investigación sobre el incendio de Niebla y una comparecencia de Moreno en una sesión extraordinaria. Los socialistas también han amenazado con recurrir a los tribunales si no se facilita toda la información sobre la gestión de los incendios, como el de Los Gallardos, donde Moreno y Pedro Sánchez coincidieron en señalar los efectos del cambio climático.
El Parlamento andaluz retoma su actividad esta semana, con la nueva presidenta, Ana Mestre, al frente de una Cámara que afronta un curso parlamentario conflictivo. Está prevista una sesión plenaria los días 16 y 17 de septiembre, además de un pleno extraordinario para que el vicepresidente Antonio Sanz explique la actuación en el incendio de Niebla, los terremotos de Granada y la lucha contra el narcotráfico.
El contexto preelectoral, con elecciones generales que podrían adelantarse y municipales en mayo de 2027, añade presión a un Gobierno andaluz que debe mantener su estilo de «vía andaluza» mientras gestiona las tensiones internas y las críticas de la oposición.
El fondo de 25 millones de euros corresponde a la contribución de las comunidades autónomas al programa nacional de protección de menores, y la Junta ha insistido en que la cifra no se destinará a financiar la llegada de inmigrantes ilegales, sino a la atención y acogida de los menores que ya se encuentran en territorio español.
Fuente: El Español
