La eurodiputada de Podemos fija su candidatura a las generales con un programa de jornada de 30 horas y salario mínimo de 1.800 euros
Madrid acogió este sábado el acto político donde Irene Montero anunció su intención de encabezar la lista a las elecciones generales mediante un proceso de primarias abierto a votantes y aspirantes ajenos a Podemos. La exministra de Igualdad y actual eurodiputada formalizó así su candidatura en el encuentro denominado Paz, casa, trabajo, arropada por la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, y dirigentes como Serigne Mbaye y Mar Cambrollé. Su planteamiento busca elegir el liderazgo de la izquierda alternativa sin supeditar el proyecto al PSOE.
El diseño de estas primarias contempla la participación de cualquier ciudadano e integrantes de otras formaciones políticas, una fórmula que la cúpula morada ya promovió antes de las generales de 2023. Aquel proceso previo concluyó con la integración de Podemos en la coalición Sumar, marcada por los vetos cruzados y la posterior ruptura parlamentaria a finales de ese mismo año. Con este paso, la formación morada busca tomar la iniciativa ante la ausencia de un cabeza de lista definido en el espacio que comparten Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Cataluña en Comú y Más Madrid.
En el terreno programático, Montero detalló las líneas económicas de su propuesta, centradas en fijar el salario mínimo interprofesional en 1.800 euros y reducir la jornada laboral a seis horas diarias hasta alcanzar las 30 horas semanales. La dirigente morada reclamó además la prohibición de venta de viviendas a fondos de inversión, la bajada de precios en los alquileres y la fijación de límites a las tarifas energéticas y de los alimentos. Durante su intervención, defendió la redistribución del gasto público hacia la sanidad, la educación y las políticas contra la violencia machista en detrimento de la adquisición de armamento.
La cita sirvió también para que Belarra fijara la posición del partido ante la situación migratoria en Ceuta, denunciando la existencia de una ofensiva racista y rechazando que los menores no acompañados sean calificados de invasores. En su alocución, la líder de Podemos criticó la reciente resolución del Tribunal Supremo que suspende cautelarmente la inscripción censal de descendientes nacionalizados mediante la ley de memoria democrática, recordando la condición histórica de España como país emisor de exiliados.
