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Vie. Oct 2nd, 2026

IDRA, el think tank de Ada Colau, recibe 1,2 millones en subvenciones públicas

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La cooperativa vinculada al Sindicato de Inquilinas acumula ayudas de Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Gobierno de España desde 2021

El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), vinculado al Sindicato de Inquilinas y a figuras clave del gobierno de Ada Colau, ha recibido 1.242.607,92 euros en subvenciones públicas desde 2021. La mayor parte proviene de la Generalitat de Cataluña (944.961,08 euros), seguida de aportaciones del Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de España. Estas ayudas conviven con lazos personales entre sus directivos y el sindicato, como Jaime Palomera —cofundador de ambos y actual responsable de vivienda en IDRA— o Carme Arcarazo, investigadora en el instituto y portavoz del movimiento.

IDRA, conocida como La Hidra, impulsó el nacimiento del Sindicato entre 2016 y 2017 y sigue recibiendo fondos bajo programas como las Comunalezas Urbanas (279.989,55 euros en 2022, 280.000 euros en 2024) o el programa Investigo de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias (66.217,84 euros en 2023). El Sindicato, por su parte, recibió 5.210 euros en 2024 de la Generalitat para editar una revista.

Estas subvenciones se enmarcan en la ofensiva actual del movimiento inquilino, que presiona al Gobierno y al Congreso para aprobar sus propuestas tras el caso de Maricarmen Abascal. Mientras, en Madrid, el Sindicato mantiene una acampada en Sol desde septiembre, y en Barcelona movilizó a 2.000 personas el lunes, cortando accesos a la ciudad durante la visita de Pedro Sánchez.

La red de IDRA y el Sindicato reproduce el modelo que llevó a Ada Colau a la alcaldía: activismo financiado con fondos públicos. Laia Forné, cofundadora de La Hidra y exjefa de gabinete de Colau en el Ayuntamiento (2015-2019), forma parte de este entramado, junto a Gala Pin, exconcejala de Participación y Distritos.

Desde su creación, IDRA se ha constituido jurídicamente como cooperativa, lo que le permite acceder a líneas de financiación específicas para entidades de economía social y solidaria. Esta estructura legal facilita la obtención de subvenciones públicas destinadas a proyectos de investigación urbana y a la promoción de políticas de vivienda inclusiva.

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