Un subintendente de Policía murió y dos guardias resultaron heridos en atentados atribuidos a disidencias de las FARC y grupos armados ilegales
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, enfrentó este sábado, apenas un día después de su investidura, tres ataques con explosivos contra estaciones policiales y peajes en construcción en distintas regiones del país. Los atentados dejaron un agente muerto y dos guardias de seguridad heridos, según confirmaron el Ministerio de Defensa y autoridades locales.
El primer ataque ocurrió durante la madrugada en la Vía Panamericana, entre Popayán y Cali, donde un grupo no identificado detonó explosivos en un peaje en construcción en el sector de Mondomo. Horas después, el Ministerio de Defensa denunció otro atentado con un vehículo cargado de explosivos contra un peaje en Santander de Quilichao (Cauca), que hirió a dos guardias. El tercer incidente, el más grave, se registró en el departamento de Cesar, donde drones lanzaron explosivos contra la subestación de Policía San Roque, causando la muerte del subintendente Argimiro Rodelo Cachila, quien llevaba 18 años en la institución.
De la Espriella condenó los ataques y los calificó como un ataque «al progreso y la tranquilidad de millones de colombianos». En un mensaje en su cuenta de X, el mandatario aseguró que «este crimen no quedará impune» y que los responsables «enfrentarán todo el peso de la ley». El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atribuyó otro ataque con drones contra la estación de Policía Porce III, en Guadalupe, al Frente 36 de las disidencias de las FARC, liderado por alias Calarcá, y lo calificó como una provocación al nuevo Gobierno.
Durante su discurso de investidura, De la Espriella había prometido una «lucha frontal» contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Como primer gesto, anunció la captura de Héctor Bastidas, alias Bonito, segundo cabecilla de los Comandos de la Frontera, una facción vinculada a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencia de las FARC. La operación, ejecutada por orden judicial en el municipio de Guamal (Meta), fue presentada como prueba de que la impunidad se acabó.
Los ataques ocurren en un contexto de alta actividad de grupos armados en zonas como Cauca, Cesar y Meta, donde disidencias de las FARC y el ELN mantienen presencia histórica. El nuevo Gobierno hereda un conflicto que, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indexás), dejó más de 90 masacres en 2025, la cifra más alta en una década. La estrategia de De la Espriella, centrada en operaciones de inteligencia y capturas selectivas, contrasta con el enfoque de diálogo que impulsó su predecesor, Gustavo Petro, con algunos de estos grupos.
La Fiscalía General de la Nación ya abrió investigaciones por los atentados, mientras el Ministerio de Defensa reforzó la seguridad en las estaciones policiales de las zonas afectadas. El presidente, que asumió el cargo con un discurso de «mano dura», enfrenta así su primera crisis de seguridad, con el desafío de demostrar resultados en un plazo corto para evitar un deterioro de la percepción ciudadana sobre su capacidad de gobernar.
Fuente: El Debate (Internacional)
