Las autoridades gibraltareñas exigen licencias locales para operar y limitan los trayectos transfronterizos desde el 15 de julio
El Gobierno de Gibraltar ha impuesto diez multas a taxistas españoles por operar sin licencia en el Peñón desde la reapertura de la Verja el pasado 15 de julio. Según un comunicado oficial, los vehículos sancionados —todos con matrícula extranjera— incumplían la normativa local, que reserva el transporte de pasajeros a cambio de dinero a los autorizados por la Comisión de Transporte gibraltareña.
Las autoridades han aclarado que ni los taxis ni los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con matrícula española pueden prestar servicios en Gibraltar, una restricción que también afecta a plataformas como Uber. Desde la reapertura de la frontera, la aplicación ha bloqueado los trayectos con destino al Peñón, obligando a los pasajeros a cruzar a pie y contratar un taxi local o usar el transporte público gibraltareño una vez dentro del territorio.
El Gobierno gibraltareño ha invocado el Tratado bilateral para justificar la prohibición, argumentando que «los servicios no pueden prestarse a través de la frontera». La medida no se limita al transporte en taxi: las autoridades han advertido que mantendrán «controles y vigilancia» en la frontera para garantizar el cumplimiento de la normativa, animando a ciudadanos y conductores autorizados a denunciar cualquier actividad ilícita ante la Policía Real de Gibraltar (RGP) o el Ministerio de Transporte.
La reapertura de la Verja, tras cuatro años de cierre parcial por la pandemia, ha reavivado tensiones en torno a la movilidad transfronteriza. Más de 15.000 trabajadores españoles cruzan diariamente a Gibraltar, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), muchos de ellos dependientes de servicios de transporte. La restricción a los taxis españoles podría agravar la saturación de los autobuses locales, que ya registran colas de hasta 45 minutos en horas punta.
El conflicto refleja un patrón más amplio de disputas por la soberanía y la regulación de servicios en la zona. En 2021, Gibraltar ya prohibió la entrada de VTC con matrícula extranjera, una medida que entonces generó protestas de asociaciones de taxistas españoles. La nueva ofensiva contra los servicios no autorizados llega en un momento de negociaciones entre España y el Reino Unido para definir el estatus del Peñón tras el Brexit, donde la movilidad laboral y los servicios transfronterizos son puntos clave.
