La ministra de Sanidad, Mónica García, anuncia cambios para incluir el aborto farmacológico en la cartera común de Atención Primaria, escalando la tensión con el sector médico
Mónica García, ministra de Sanidad, ha anunciado que el Gobierno impulsará los cambios necesarios para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo mediante el método farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria.
La medida, presentada esta semana, busca ampliar el acceso al aborto con medicación en centros de salud, un paso que profundiza el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el colectivo médico. García, líder de Más Madrid, ha impulsado la iniciativa desde su cartera, aunque el conflicto con los facultativos ya era abierto: en los últimos meses, médicos de Atención Primaria han denunciado falta de recursos y recortes en sus plantillas.
El método farmacológico, ya disponible en hospitales, requiere ahora su integración en Primaria, donde el 80% de los embarazos en España se detectan según datos del Ministerio. La decisión llega en un contexto de polarización: mientras el Gobierno apuesta por ampliar derechos reproductivos, sectores conservadores y parte de la oposición ya han advertido de que recurrirán a recursos legales para frenar la medida.
La cartera común de servicios de Atención Primaria es un listado de prestaciones sanitarias financiadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS) y garantizadas en toda España. Su modificación exige consenso con las comunidades autónomas, aunque el Gobierno puede imponer cambios mediante real decreto si no hay acuerdo. En Andalucía, gobernada por el PSOE, ya se ha avanzado en la distribución de pastillas abortivas en centros de salud, pero su inclusión en la cartera común sería un paso histórico.
El conflicto con los médicos se agrava: en 2025, el 62% de los facultativos de Primaria encuestados por el Sindicato Médico Español (SME) señalaron sentirse desbordados por la carga asistencial. La medida de García, aunque respaldada por colectivos feministas, podría agravar la desafección de un sector ya en alerta por la falta de personal y la burocracia sanitaria.
La Junta de Andalucía, representada por Ana Redondo García, portavoz de Sanidad, ha mostrado interés en la iniciativa, señalando que la inclusión de la píldora abortiva en la cartera común podría facilitar su acceso en la región.
