El Rey analiza con Juan Jesús Vivas la crisis migratoria en la frontera mientras la Zarzuela evalúa condiciones políticas y diplomáticas
Felipe VI mantiene su intención de viajar a Ceuta y Melilla, un desplazamiento que ha estado sobre la mesa durante los gobiernos de Pedro Sánchez (PSOE) y Mariano Rajoy (PP), aunque nunca se ha concretado una fecha.
La visita exige una preparación coordinada entre la Zarzuela y el Gobierno, que debe evaluar las condiciones políticas, institucionales y diplomáticas. La singularidad de ambas ciudades autónomas, cuya soberanía reivindica Marruecos, convierte cualquier gesto de la Corona en un acto de especial relevancia, tanto a nivel interno como en las relaciones con el país vecino, clave para España y la UE en el control de la inmigración ilegal, el narcotráfico y el terrorismo islamista.
Un antecedente histórico subraya la complejidad: Juan Carlos I y Sofía solo visitaron Ceuta y Melilla una vez en 39 años de reinado, y en esa ocasión Mohamed VI ordenó la retirada del embajador marroquí en Madrid durante meses. Ahora, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se ha trasladado a Palma de Mallorca para analizar con el Rey la crisis en la frontera y las dificultades asistenciales derivadas de la llegada de miles de inmigrantes en los últimos días.
Aunque no hay fecha cerrada ni garantía de que el viaje se produzca en las próximas semanas, la presencia del Monarca tendría una fuerte carga simbólica, reforzando su papel institucional y transmitiendo un mensaje de cercanía a los habitantes de las ciudades, como ya hizo en otros desastres recientes, como la dana en Valencia o los incendios forestales.
La discreción, el consenso y una lectura diplomática minuciosa son requisitos imprescindibles para que la voluntad del Rey se materialice en una agenda concreta.
En este sentido, es importante destacar que la visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla estaría enmarcada en el marco legal de la Constitución española, que establece la soberanía de España sobre los territorios de Ceuta y Melilla. Además, la visita tendría que ser aprobada por el Gobierno, que tendría que evaluar las condiciones políticas y diplomáticas para asegurarse de que la visita no afecte negativamente las relaciones con Marruecos.
La visita también tendría que ser coordinada con la comunidad internacional, especialmente con la Unión Europea, que tiene un interés directo en la situación en la frontera sur de España.
