Vox celebra el anuncio, pero recuerda que el PP bloqueó una iniciativa similar en Madrid en mayo
Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que el Partido Popular presentará una proposición de ley orgánica para permitir la pérdida de la nacionalidad española a extranjeros nacionalizados condenados por delitos graves como pertenencia a bandas criminales, terrorismo, abusos sexuales, violaciones o asesinatos.
La medida, que el PP llevará al Congreso de los Diputados, busca regular el mantenimiento y la posible revocación de la nacionalidad adquirida. Según explicó Feijóo, la reforma afectaría a quienes hayan obtenido la ciudadanía española y sean condenados por estos delitos, vinculando la pérdida de la nacionalidad al proceso de expulsión del territorio nacional.
Desde Vox, aunque celebran el anuncio, recuerdan que el PP ya bloqueó una iniciativa similar en la Asamblea de Madrid el pasado 14 de mayo. En aquella ocasión, la formación de Santiago Abascal propuso una Proposición No de Ley (PNL) para modificar el Código Civil y permitir la pérdida de la nacionalidad a quienes fueran condenados por pertenencia a organización criminal. La propuesta fue rechazada por el PSOE y Más Madrid, mientras el PP se abstuvo.
El portavoz del PP en la Asamblea madrileña, Carlos Díaz-Pache, justificó la abstención alegando que la iniciativa de Vox tenía «detalles que hacían imposible su aprobación». Sin embargo, el portavoz adjunto, Rafa Núñez Huesca, criticó que la propuesta solo incluía la pertenencia a bandas criminales y excluía otros delitos graves como el terrorismo, el homicidio o el narcotráfico. Además, cuestionó que un parlamento autonómico fuera el «mejor lugar» para abordar una reforma de este calado.
La nueva propuesta de Feijóo, en cambio, amplía los supuestos de pérdida de nacionalidad y busca dar un marco legal más amplio en el Congreso de los Diputados. La medida, sin embargo, enfrenta el desafío de lograr apoyo parlamentario, dado que en Madrid el PP ya mostró reservas sobre iniciativas similares.
Para que la propuesta se convierta en ley orgánica, deberá someterse a los procedimientos establecidos en la Constitución, que incluyen una discusión en el Congreso y la aprobación con una mayoría absoluta de los diputados. Si se aprueba, la reforma establecería los criterios y procedimientos concretos para la revocación de la nacionalidad, incluyendo la coordinación con las autoridades de inmigración y los tribunales penales.
