El Gobierno acusa a Meloni de actuar por «ligereza» y «frivolidad» mientras mantiene los controles hasta el 15 de agosto en aeropuertos como El Prat y Barajas
El Ministerio del Interior ha sometido a controles aleatorios de documentación a 2.143 pasajeros de terceros países procedentes de Italia en 149 vuelos desde el sábado hasta las 13:00 horas de este martes. La medida, ejecutada por 259 agentes de la Policía Nacional, responde a los controles impuestos por el Gobierno italiano tras la entrada de 72.000 migrantes irregulares en Ceuta, a pesar de que España insistió en que ninguno de ellos llegó a la península.
Los aeropuertos afectados incluyen El Prat (26 vuelos), Alicante (15), Adolfo Suárez Madrid-Barajas (10), Sevilla (9), Málaga (7), Valencia (5), Bilbao (6), Palma de Mallorca (1), Menorca (1), Ibiza (1) y Fuerteventura (1). Italia justificó su decisión alegando que Ceuta no está integrada en el espacio Schengen, aunque Madrid recordó que el régimen especial de la ciudad autónoma no permite la libre circulación hacia la UE.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acusó al Gobierno de Giorgia Meloni de actuar con «ligereza» y «frivolidad» por «necesidades electorales». Albares subrayó que Italia recibe anualmente el doble de migrantes irregulares que España, lo que, a su juicio, deslegitima los controles recíprocos. Roma ha anunciado que mantendrá la medida hasta el 15 de agosto, aunque fuentes del Ministerio del Interior español aseguran que Madrid levantará sus controles en cuanto Italia lo haga.
La tensión diplomática se enmarca en un contexto de discrepancias sobre la gestión migratoria en la UE, donde España e Italia han chocado previamente por la distribución de fondos y responsabilidades. Ceuta, con su estatus de frontera exterior de la UE, sigue siendo un punto de fricción recurrente, especialmente tras crisis como la de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas.
Los controles españoles, aunque aleatorios, afectan a ciudadanos no comunitarios, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos por posibles perfiles raciales. El Gobierno, sin embargo, defiende la medida como una respuesta proporcional a la decisión italiana, que considera desproporcionada y politizada.
