El municipio madrileño registra 200 empadronamientos irregulares vinculados a la normativa, ahora paralizada hasta resolver su constitucionalidad
El Tribunal Supremo ha suspendido la aplicación de la ley de nietos en Tres Cantos (Madrid) por considerar que existe un *»peligro fundado, real y serio»* para las elecciones. La medida afecta a 200 empadronamientos que, según el alto tribunal, podrían alterar los resultados electorales en el municipio.
Tres Cantos, uno de los municipios más jóvenes de la Comunidad de Madrid —creado en 1991 al segregarse de Colmenar Viejo—, ha visto cómo su censo exterior crecía de forma anómala. La suspensión llega tras detectarse que más de 200 personas se habían empadronado alegando arraigo entre 1936 y 1955, un plazo clave para acceder a la nacionalidad española por descendencia de víctimas del franquismo. La ley, que permitía regularizar la situación de estos ciudadanos, quedó paralizada a nivel nacional el pasado 18 de septiembre por el Supremo, pero su impacto en municipios como Tres Cantos —donde el crecimiento demográfico ha sido vertiginoso— ha sido inmediato.
La suspensión obliga ahora a revisar los empadronamientos en Tres Cantos, donde la población supera los 54.000 habitantes. El municipio, gobernado por el Partido Popular, podría verse afectado en su representación política si estos empadronamientos se anulan. La decisión del Supremo, sin embargo, no resuelve el fondo del debate: la constitucionalidad de una ley que ya había sido recurrida por partidos como Vox y Ciudadanos por considerarla una *»manipulación electoral»*.
El caso de Tres Cantos refleja un patrón más amplio: la ley de nietos, aprobada en 2022, ha generado tensiones en municipios con alta inmigración y crecimiento demográfico acelerado. Mientras el PSOE y Unidas Podemos defienden su utilidad para regularizar situaciones históricas, la oposición la acusa de ser una *»herramienta de ingeniería electoral»*. La suspensión del Supremo abre ahora un plazo para que el Congreso decida si deroga la normativa o la adapta a los criterios constitucionales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó su preocupación por la decisión, calificándola de «un golpe a la justicia y a la democracia» y prometiendo que su gobierno seguirá trabajando para garantizar la legalidad y la transparencia en el proceso de empadronamiento.
