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Mié. Sep 23rd, 2026

Tres Cantos detecta 200 ‘falsos’ nietos por la ley suspendida

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El censo exterior del municipio madrileño crece con solicitudes vinculadas a la normativa que el Supremo paralizó por riesgo electoral

El municipio de **Tres Cantos** (Madrid) ha registrado un aumento anómalo de 200 personas en su censo exterior, vinculado a solicitudes de **arraigo entre 1936 y 1955** presentadas bajo la **ley de los nietos**, ahora suspendida por el **Tribunal Supremo** por riesgo de manipulación electoral.

La ley, que permitía a descendientes de españoles exiliados recuperar la nacionalidad, fue paralizada el **19 de septiembre de 2026** tras una sentencia que consideró que su aplicación podía alterar los resultados de las elecciones generales. Tres Cantos, uno de los municipios más jóvenes de Madrid —creado en **1991** a partir de Colmenar Viejo—, supera ya los **54.000 habitantes**, pero este crecimiento en el censo exterior (personas con vínculos no residentes) ha llamado la atención por su repentina concentración en un plazo tan ajustado.

El fenómeno refleja cómo la suspensión judicial ha dejado en el aire cientos de trámites en todo el país, especialmente en zonas con alta demanda de nacionalidad por origen español. La **Comunidad de Madrid**, gobernada por el **PP**, no ha reaccionado oficialmente, pero el caso ilustra las consecuencias prácticas de una ley que el Supremo tachó de «peligro real» para la estabilidad democrática.

El **Tribunal Supremo** justificó su decisión en que la ley podía ser usada para **inflar censos electorales** en municipios clave, como Tres Cantos, donde el crecimiento demográfico acelerado ya había generado tensiones en servicios públicos. La suspensión, sin embargo, no anula los trámites en curso, lo que deja a cientos de solicitantes en una situación legal limbo.

El caso de Tres Cantos es un ejemplo de cómo las decisiones judiciales en materia electoral tienen efectos inmediatos en la gestión municipal. Mientras el Gobierno de **Isabel Díaz Ayuso** (PP) defiende la autonomía local, la suspensión del Supremo obliga a los ayuntamientos a revisar procedimientos administrativos con urgencia, especialmente en municipios con alta movilidad poblacional.

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