El Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior alerta de un «daño absolutamente irreparable» para los residentes que ya tienen nacionalidad
El Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar los efectos electorales de la conocida como «ley de nietos», una decisión que deja en el aire las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. El auto, dictado el 8 de septiembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima parcialmente las medidas cautelares pedidas por Vox e Iustitia Europa y bloquea esas inscripciones hasta que los consulados acrediten que se cumplen los requisitos de descendencia de españoles exiliados. La medida es provisional, a la espera de que el Supremo entre en el fondo del recurso.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), el órgano consultivo que representa a los españoles residentes fuera del país, expresó su «profunda preocupación y firme rechazo» al auto. Su presidenta, Violeta Alonso Peláez, advirtió de que tener la ciudadanía española y no poder votar produciría un «daño absolutamente irreparable». El organismo rechaza que se establezcan diferencias en el ejercicio de los derechos políticos según la vía por la que se haya adquirido la nacionalidad, y recuerda que el sufragio es un derecho fundamental reconocido por la Constitución.
El impacto es especialmente visible en Asturias, comunidad con un amplio colectivo de nacidos en la región que residen en el exterior. Los potenciales electores asturianos en el extranjero aumentaron en 20.000 desde 2023, un incremento del 15,7% y uno de los más significativos del país en lo que va de 2026, según publicó LA NUEVA ESPAÑA. Alonso, leonesa de nacimiento pero criada en Oviedo desde los cinco años, preside el CGCEE desde 2022 y es la primera mujer al frente de este organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones.
Los partidos asturianos leen la decisión de forma contrapuesta. La diputada socialista Lidia Fernández defendió una norma vigente desde 2022 que, a su juicio, «repara una situación injusta», y cargó contra quienes dudan del procedimiento: «La derecha y la extrema derecha intentan inocular mentiras y engaños sobre la legitimidad de los procesos». En el PP, Susana Fernández consideró que el auto «va en la buena dirección» y pidió extremar la vigilancia sobre las nacionalizaciones, mientras acusa al Ejecutivo de actuar con «opacidad, falta de transparencia y una urgencia desmedida».
Carolina López, portavoz y presidenta de Vox, formación que promovió uno de los recursos, calificó la ley de «fracaso en el intento del PSOE de amañar las elecciones». En el lado opuesto, Xabel Vegas (Convocatoria por Asturies-IU) defendió la norma para resarcir a quienes no pudieron nacer ni vivir en su país por la persecución franquista, y Covadonga Tomé (Grupo Mixto) avisó de que cuestionar fraudes electorales «abre la puerta a que la extrema derecha siga cuestionando nuestra democracia». Adrián Pumares (Foro Asturias) exigió «seguridad jurídica, rigor y máxima transparencia» y advirtió de que la nacionalidad «no puede convertirse en un instrumento al servicio de intereses políticos coyunturales».
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