El Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior avisa de un «daño irreparable» para los españoles que ya tienen la nacionalidad
El Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar los efectos electorales de la conocida como «ley de nietos», una decisión que deja en el aire las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. El auto, dictado el 8 de septiembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, responde a las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa y estará vigente hasta que los consulados acrediten que se cumplen los requisitos de descendencia de españoles exiliados. No es una resolución definitiva: el Supremo aún debe pronunciarse sobre el fondo del recurso.
El impacto es especialmente visible en Asturias, donde los potenciales electores residentes en el extranjero crecieron en 20.000 personas desde 2023, un 15,7% más, según los datos publicados por LA NUEVA ESPAÑA. Es uno de los aumentos más altos del país en lo que va de 2026. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), el órgano consultivo adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones que representa a los españoles fuera del país, expresó su «profunda preocupación y firme rechazo» al auto. Su presidenta desde 2022, la primera mujer al frente del organismo, Violeta Alonso Peláez, advirtió de que tener la ciudadanía española y no poder votar produciría un «daño absolutamente irreparable».
El CGCEE centra su crítica en que la suspensión afecta a personas que ya poseen la nacionalidad, no solo a solicitantes. «Resulta especialmente preocupante que parte de la ciudadanía española residente en el exterior pueda verse privada del ejercicio del sufragio», señala el comunicado, que recuerda que el voto es un derecho fundamental reconocido por la Constitución. El organismo rechaza además que puedan existir derechos políticos distintos según la vía por la que se haya adquirido la nacionalidad: «No deben establecerse diferencias en el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía española en función de la vía por la que se haya adquirido la nacionalidad».
La reacción de los partidos asturianos ha sido contrapuesta. La diputada socialista Lidia Fernández defendió una norma vigente desde 2022 que, a su juicio, «repara una situación injusta» con los descendientes de quienes tuvieron que abandonar Asturias, y pidió al Supremo que se pronuncie «cuanto antes» sobre el fondo. La diputada del PP Susana Fernández consideró que el auto «va en la buena dirección» y reclamó «extremar la vigilancia sobre el proceso de nacionalizaciones». La portavoz y presidenta de Vox, Carolina López, calificó la ley de «fracaso en el intento del PSOE de amañar las elecciones al incluir artificialmente nuevos votantes de otros países».
En el resto del arco asturiano, Xabel Vegas (Convocatoria por Asturies-IU) defendió la norma «para resarcir a esas personas que no han podido nacer ni vivir en su país por la persecución franquista» y respondió a las sospechas electorales con una frase: «Plantear que la ley está hecha para cambiar las urnas es simplemente la excusa de un mal estudiante». Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, subrayó que «el voto es un derecho fundamental» y consideró «peligroso» alimentar la idea de fraudes electorales. Adrián Pumares, de Foro Asturias, exigió «seguridad jurídica, rigor y máxima transparencia» y advirtió de que «la nacionalidad española no puede convertirse en un instrumento al servicio de intereses políticos coyunturales».
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