Bolaños pide resolver los recursos antes de 2027 mientras el CERA crece un 200% desde 2023
El Tribunal Supremo ha paralizado el voto de 408.262 ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la ley de nietos, al considerar que su incorporación masiva —un aumento del 200% desde 2023— podría afectar a la transparencia electoral antes de las elecciones de 2027. El alto tribunal exige ahora acreditar que los nacionalizados son descendientes de exiliados por la Guerra Civil o el franquismo, una condición que hasta ahora se aplicaba por instrucción administrativa.
La medida, anunciada este sábado, obliga a los consulados a verificar individualmente cada caso y suspende las altas en el censo hasta que el Supremo resuelva los recursos presentados. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, criticó la decisión como «muy discutible jurídicamente» y pidió una resolución urgente, alineándose con asociaciones como Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que ya habían cuestionado la interpretación del Supremo.
La ley de nietos, aprobada en 2022, ha permitido que 2,4 millones de personas soliciten la nacionalidad española, de las que 544.722 ya la tienen y 306.000 están inscritas como electores. El crecimiento del CERA —de 200.000 votantes en 2023 a los actuales 608.262— ha disparado las alertas sobre su impacto en el equilibrio político, especialmente en circunscripciones con alta concentración de residentes en el extranjero, como Madrid o Barcelona.
El Supremo también ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral desglosar los expedientes por tipo de exilio (Guerra Civil, dictadura) y elaborar una instrucción con criterios claros para determinar el municipio de inscripción. La Junta Electoral Central ya había solicitado un informe detallado el pasado 16 de julio, pero la suspensión actual bloquea cualquier avance hasta que el tribunal resuelva. Bolaños, en un mensaje en X, vinculó la decisión a la «urgencia de garantizar elecciones libres», aunque sin mencionar posibles sesgos partidistas.
Lo que está en juego no es solo el derecho al voto de estos ciudadanos, sino el precedente electoral: si el Supremo mantiene la suspensión, podría sentar un criterio que limite futuras ampliaciones del censo por vías similares. Mientras, el Gobierno y la oposición observan el caso con lupa, pues el CERA ya influyó en resultados clave en 2023, como el triunfo de Sumar en Madrid o el avance de Vox en Barcelona.
