Ocho cónsules, de Rosario a Caracas, decidirán caso por caso quién puede votar desde el extranjero
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente los efectos electorales de la instrucción de 25 de octubre de 2022 que permitió inscribir en el censo exterior a los nacionalizados por la ley de nietos sin acreditar el exilio de sus ascendientes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo mantiene la nacionalidad ya concedida, pero congela el derecho de voto de quienes se beneficiaron de la interpretación de la norma hasta que dicte sentencia. El auto carga sobre los cónsules generales la última palabra sobre qué nuevos españoles pueden votar desde el extranjero.
La instrucción, firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, presumía como exiliados a todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955. Esa presunción generalizada, según el Supremo, es la que disparó el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El auto obliga a distinguir entre expedientes basados en un exilio probado y los aprobados por la vía de la presunción, y exige a los cónsules que pongan nombre y apellido al exilio de cada nuevo votante exterior.
Los ocho cónsules con más incidencia en la aplicación de la medida son, por orden de mayor a menor, los de Rosario (Argentina), Ciudad de México, Buenos Aires, Miami (EEUU), Monterrey (México), La Habana, Bogotá y Caracas. Sus titulares son Pablo Platas Casteleiro, Marcos Rodríguez Cantero, José María Ridao, Belén Alfaro Hernández, Vicente J. Mas Taladriz, José Miguel Corvinos Lafuente, Julia Alicia Olmo y Romero y Ramón Molina Lladó. En Rosario el censo pasó de 33.982 a 69.756 electores (+105,3%) y en Monterrey, de 14.265 a 28.862 (+102,3%).
El CERA total ha crecido de 2.333.056 a 2.747.688 electores entre julio de 2023 y agosto de 2026, 414.632 inscritos más (+17,8%). Argentina, México y Estados Unidos concentran por sí solos 186.385 nuevos electores, casi la mitad de todo el incremento. Por países, Argentina pasó de 432.088 a 520.203 electores (+20,4%); México, de 137.814 a 191.062 (+38,6%); y Estados Unidos, de 166.457 a 211.479 (+27%).
La Junta Electoral Central fue la primera institución en poner por escrito sus dudas. El 16 de julio, su acuerdo 204/2026 reconoció problemas de legalidad en la instrucción de Puente, pero la mayoría de sus vocales se declaró incompetente para ordenar la paralización de las altas. Cuatro vocales firmaron un voto particular que reclamaba suspender las inscripciones y efectos electorales hasta aclarar la legalidad de la instrucción. El Supremo asume ahora, en buena medida, ese diagnóstico.
La ley de Memoria Democrática se sancionó el 19 de octubre de 2022, se publicó en el BOE el día 20 y entró en vigor el 21. Cuatro días después, el 25 de octubre, se firmó la instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava. La instrucción se publicó el 26 de octubre y entró en vigor el 27. La polémica política convierte la medida cautelar en una victoria para el PP de Alberto Núñez Feijóo y en un triunfo jurídico para Iustitia Europa.
