Mientras Compromís pide negociar con el Gobierno y el PSPV exige asumir 11.210 millones de deuda, los populares retiran su apoyo al modelo actual y exigen un debate multilateral
Valencia, 30 de septiembre de 2026 — Los tres partidos valencianos han presentado propuestas opuestas para resolver la reforma del sistema de financiación autonómica, un tema clave para una comunidad infrafinanciada y con una deuda histórica de 11.210 millones. Mientras el Partido Popular (PP) exige retirar la propuesta gubernamental y convocar un nuevo debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el PSPV reclama al Gobierno que asuma esa deuda y destine 3.669 millones adicionales. Compromís, por su parte, aboga por negociar con Madrid un fondo de nivelación y la quita de la deuda, pero sin abandonar la presión parlamentaria.
El PP valenciano, que hasta hace unos años apoyó la Plataforma per un Finançament Just, rompe ahora con el consenso previo y exige un fondo de nivelación que garantice servicios públicos igualitarios en toda España. Sin embargo, su propuesta incluye también reivindicaciones históricas como la cesión temporal de la Dama de Elx a Elche y la devolución de un ejemplar del Llibre dels Repartiments a Orihuela, diluyendo el enfoque en lo fiscal. La bancada popular evita mencionar explícitamente la quita de la deuda, aunque la considera un ‘complemento’ al modelo, priorizando criterios como la infrafinanciación horizontal y la población ajustada, según informes de Fedea y el Ivie.
El PSPV, en cambio, exige al Gobierno central que respalde su propuesta en las Cortes Generales y, de no hacerlo, desafía al PP a presentar una alternativa propia que supere los 3.669 millones prometidos. Los socialistas valencianos vinculan su apoyo al modelo actual a la asunción estatal de 11.210 millones de la deuda autonómica, una cifra que representa el 60% del déficit histórico acumulado por la Generalitat.
Compromís, único partido que mantiene intactas las dos exigencias originales —fondo de nivelación y quita de deuda—, propone ‘aparcar los intereses partidistas’ y negociar directamente con el Ejecutivo. Su propuesta, sin embargo, choca con la postura de Vox, que considera el sistema de financiación autonómica un ‘modelo fracasado’ y no lo incluye entre sus prioridades.
Reforma de financiación estancada desde 2019
La negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica lleva estancada desde 2019, cuando el Gobierno central y las comunidades autónomas no lograron un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Valencia, con un déficit histórico superior a los 11.210 millones y una infrafinanciación del 15% respecto a la media española, es una de las regiones más afectadas. El actual modelo, vigente desde 2009, no se ha actualizado para reflejar cambios demográficos ni la crisis económica pospandemia, lo que ha agravado las desigualdades entre territorios.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano encargado de coordinar las finanzas autonómicas, no se reúne desde 2022. Su última sesión, en 2021, terminó sin acuerdo por las diferencias entre el Gobierno central y las comunidades más endeudadas, como Valencia, Cataluña y Andalucía. La propuesta actual del Ministerio de Hacienda, presentada en julio de 2026, incluye un fondo de compensación interterritorial, pero excluye la quita de deuda, un punto clave para Valencia.
PP valenciano paraliza reforma sin respaldo parlamentario
El PP valenciano, al exigir un debate multilateral y retirar su apoyo al modelo actual, asume el riesgo de paralizar la reforma. Su propuesta, sin embargo, carece de respaldo en el Congreso, donde ni el PSOE ni Unidas Podemos apoyan un fondo de nivelación sin quita de deuda. El PSPV, por su parte, apuesta por una estrategia de presión directa sobre el Gobierno central, pero su exigencia de 3.669 millones adicionales choca con la realidad presupuestaria: el Estado no destina más de 1.200 millones anuales en fondos de compensación para todas las autonomías juntas.
Compromís, al proponer negociar directamente con el Ejecutivo, evita el bloqueo parlamentario, pero su capacidad de influencia es limitada: con solo 12 diputados en las Cortes Valencianas, su peso depende de acuerdos con el PSPV o el PP. Vox, al marginarse del debate, deja a Valencia sin una alternativa clara, lo que podría debilitar su posición en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027.
La principal consecuencia de este estancamiento es la prolongación de la infrafinanciación: según datos del Ivie, Valencia necesita 5.000 millones adicionales anuales para igualar la media española en servicios públicos. Sin un acuerdo, la Generalitat deberá recortar inversiones en sanidad, educación o infraestructuras, lo que afectaría directamente a los 5 millones de valencianos.
El plazo para un acuerdo se agota en diciembre de 2026, cuando el Gobierno central debe presentar los presupuestos generales del Estado. Si no hay consenso, Valencia podría recurrir a medidas unilaterales, como la emisión de deuda autonómica, algo que ya hizo en 2020 y que le costó un aumento del 2% en el tipo de interés.
